El Tribunal Constitucional va a rechazar parcialmente en los próximos días diversos aspectos de la reforma legal que aprobó el PP para salir al paso de la desobediencia del Parlament y del Gobierno catalanes y va a revisar a la baja las capacidades sancionadoras que se le atribuyeron.

Fuentes del Alto Tribunal no oficiales han informado a Efe de que la gran mayoría, si no la unanimidad del TC, está a favor de renunciar, al menos parcialmente, a la responsabilidad de sancionar por incumplimiento de sus sentencias que disponía la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en 2015.

Las mismas fuentes del tribunal de garantías han informado de que en el pleno que comienza mañana el Constitucional va a decidir sobre el recurso del Gobierno vasco contra la citada reforma.

La nueva norma fue aprobada por el Grupo Popular en septiembre de 2015 al hilo del proceso soberanista catalán y otorgaba al TC capacidad sancionadora cautelar para ejecutar el cumplimiento de sus sentencias.

Así, abría la puerta a la posibilidad de que el alto tribunal pueda multar o incluso suspender de sus funciones al presidente de la Generalitat o del Parlament y, en general, a cualquier persona o autoridad que vulnere sus sentencias.

El Alto Tribunal quiere resolver los recursos sobre esta reforma antes de enfrentarse a la petición del Gobierno central de que la aplique actuando contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros altos cargos, por desobediencia a sus sentencias contra resoluciones soberanistas catalanas.

El recurso de inconstitucionalidad argumenta que la reforma de la ley que regula al TC es un "cambio cualitativo importante en las funciones encomendadas a la institución" que "puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado".

Este recurso será aceptado en parte, pero no en todos sus términos, porque algunos aspectos de la reforma de la LOTC que aprobó el grupo popular sí serán avalados.