El juicio por la macrodemanda de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) contra Caja Madrid por la supuesta estafa en la emisión de participaciones preferentes ha quedado este lunes visto para sentencia tras el informe final expuesto por las partes personadas en el proceso conducido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid.

En una sala abarrotada por más de 200 preferentistas, la vista oral ha concluido en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla tras cuatro horas de audiencias. Tras concluir, los afectados se han desplazado a la sede de Bankia para manifestarse y exigir que se les devuelva el dinero.

En su informe de conclusiones, el abogado Antonio Castro ha solicitado al magistrado Teodoro Ladrón que dicte una sentencia estimatoria de la demanda de Adicae al estimar que ha quedado acreditado que Caja Madrid incurrió en "prácticas abusivas" y vulneró "gravemente" la normativa sectorial y la relativa a los derechos de los consumidores, ya que no se les informó de los riesgos de impago.

"Las deficiencias detectadas hace que en la emisión de participaciones no se superaran los controles de transparencia y abusividad", ha recalcado el letrado, quien ha insistido acto seguido en que la entidad bancaria sabía que el producto era "un bono basura" que iba a producir "fuertes impagos".

"Las agencias económicas dijeron que era un bono basura, pero la entidad dio instrucciones de que se dijera que el sistema financiero español era fuerte y que era un producto y rentable. La cúpula lo sabía, pero lo colocaron como un producto de interés. No se hizo el test de idoneidad, por lo que nunca se debería haber ofrecido este producto de riesgo y complejo", ha dicho.

De este modo, ha insistido en que Caja Madrid "no actuó de buena fe e incumplió diversas normativas. Todo ello, tiene como consecuencia para el letrado Antonio Castro, que se declare la nulidad del contrato y se proceda a la devolución de las cantidades entregadas por los usuarios que quisieron invertir sus ahorros en este producto "engañoso".

"No se observaron las reglas de transparencia y no se advirtió del riesgo de impagos", ha agregado. Seguidamente, se ha reafirmado en la idea de que la entidad ya sabía de los riesgos, pero iba más allá de la motivación en favor de los intereses de los consumidores. "Su motivación era reforzar sus recursos propios", ha sentenciado el abogado, quien ha sido aplaudido por los preferentistas cuando ha concluido su exposición.

Por su parte, el abogado de Caja Madrid, Manuel García Villarrubia, se ha opuesto al argumento de que se trate de una demanda colectiva, así como el hecho del riesgo de participación futura que existía entonces cuando se comercializaron las participaciones. "No existía ningún riesgo de participación futura, porque cambió la normativa. Por ello, no se ha dado el carácter de temporalidad que exige la demanda". Igualmente, ha señalado que las prácticas realizadas no se pueden integrar en el marco de las condiciones generales del contrato, ya que no constituyen prácticas abusivas.

Fuentes de Bankia cifran en 165.000 los clientes que han recuperado en los últimos tres años el dinero que invirtieron en preferentes y deuda subordinada de alguna de las cajas ahora integradas en la entidad. La mayor parte de los reintegros, 137.000, han sido efectuados por medio del arbitraje puesto en marcha en 2013, mientras que los 28.000 restantes corresponden a casos que ganaron los consumidores en la vía judicial.

El representante legal de Caja Madrid y Bankia, heredera legal de la caja, lamenta que la demanda sea una "suerte de causa general contra la comercialización de preferentes que busca la devolución indiscriminada de todo lo invertido". En este sentido, incidió que ya no existe ningún riesgo para el consumidor desde abril de 2013, cuando el FROB acordó la amortización de estas participaciones.

Como parte del rescate de la entidad, la Comisión Europea impuso a Bankia en 2013 que aplicara una quita a los inversores en preferentes y canjeara estos productos por nuevas acciones del banco. Las acciones de Bankia llegaron a triplicar su valor entre mayo de 2013 y marzo de 2014, al pasar de 0,48 euros hasta rozar los 1,6 euros, lo que permitió a muchos inversores recuperar su inversión por dicha vía.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha subrayado que en el informe final de la asociación se haya destacado "un elemento clave con arreglo a las pruebas aportadas, que es el carácter premeditado de toda la operación de emisión de preferentes: la colocación indiscriminada entre cientos de miles de ahorradores". A su juicio, se ha visto reforzada en la vista la idea de que "Caja Madrid sabía, cuando empezó a vender las preferentes, que su calificación había sido reducida y que ese producto que se estaba comercializando estaba a la altura de un bono basura".

A preguntas sobre los argumentos de la parte demandada, ha respondido que "Bankia trata de confundir al tribunal y reiterar argumentos ya dichos, como que no se puede enjuiciar de manera colectiva. Y que debe ser uno por uno. Esto ya se resolvió el 14 de julio y dijo que sí, porque era un fraude de carácter colectivo, algo determinado ya por la jurisprudencia", ha recalcado.

La conclusión del procedimiento llega pocos días después de conocerse que el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia anuló en julio una venta de participaciones preferentes de Caja Insular de Ahorros de Canarias, actualmente integrada en Bankia, fruto de una demanda colectiva presentada por Adicae. Según esta asociación, dicha sentencia anticipa "el posible resultado" de la vista de mañana.