Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan el conocido como caso Imelsa consideran que la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros escolares (Ciegsa) fue objeto de luchas internas en el seno del PP por hacerse con el reparto de comisiones.

Según consta en un informe incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EFE, y cuyo secreto se ha levantado este jueves, el grupo especializado en delitos contra la administración de la Guardia Civil señala que hay indicios de la posible existencia de una estrategia de financiación autonómica del PP arraigada en Ciegsa.

Estas conclusiones se extraen básicamente de las conversaciones telefónicas entre el entonces gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent y el consejero delegado de Ciegsa entre 2003 y 2007, Máximo Caturla.

Del análisis de distintas conversaciones "se deduce claramente que Máximo Caturla estaba recaudando para Alfonso Rus -entonces presidente provincial del PP de Valencia- a través del cobro de comisiones ilegales solicitadas a empresarios como contraprestación por contratos adjudicados desde Ciegsa", según el informe de la UCO.

En estas conversaciones "se mencionan constantemente ciertas influencias ejercidas por distintas personas con el objetivo de hacerse con el control de las mismas adjudicaciones, poniéndose de manifiesto que converge en Máximo Caturla cierto conflicto de intereses a la hora de decidir las adjudicaciones".

Dicho conflicto de intereses se generaría por un lado, en forma de solicitudes, peticiones y demás influencias de Alfonso Rus ejercidas a través de Marcos Benavent, y por otro, por otras personas del ámbito político de la Generalitat a los que tendría que obedecer, y que también tendrían interés en controlar las adjudicaciones y las consecuentes comisiones", sentencia la UCO.

En relación con estos intereses, Benavent y Caturla mencionan en sus conversaciones a distintas personas que estarían involucradas "de diferentes maneras".

Esas personas, siempre según el informe de la UCO, serían el expresident Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos, el exconseller de Economía Gerardo Camps, el exconseller de Educación Alejandro Font de Mora y el ex director de régimen económico de ésta última conselleria Alejandro Ramón.

Los agentes entienden, a raíz de las conversaciones entre Benavent y Caturla que obran en el sumario, que "el entonces president Francisco Camps tendría conocimiento del uso que se estaría haciendo de la empresa Ciegsa, ya que Alfonso Rus habría hablado con él".

También que "Gerardo Camps sería uno de los encargados de controlar las adjudicaciones, así como que el entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, le habría dicho a Máximo Caturla que fuese Gerardo Camps el que lo controlase".

Todo ello evidencia, a juicio de la UCO, que "convergían" en Caturla "ciertos intereses que a su juicio debería resolver el president" y por ello le dice a Benavent: "Aquí el presidente marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales".

La Guardia Civil concluye que "los superiores de Caturla en la Generalitat tendrían conocimiento de que desde Ciegsa se estaría financiando el Partido Popular provincial", si bien deducen que "podría existir una estrategia de recaudación de dinero en el seno del Partido Popular autonómico".

De las declaraciones ante la Guardia Civil de Benavent, los agentes deducen (y así lo plasman en un informe) que "Víctor Campos habría realizado entregas de dinero a Alfonso Rus, poniendo de manifiesto nuevamente la existencia de fondos opacos obtenidos de manera ilícita tanto a nivel autonómico como provincial".

También de dichas declaraciones entienden que "la necesidad de financiar al PP de Valencia era mayor, debido a que su presidente (Rus) no ostentaba el cargo de presidente de la Diputación -2005/06- y se entiende que tendría más dificultades para recaudar".

La Guardia Civil cree que los fondos que manejaba el PP autonómico "no son sistemas estancos, sino jerarquizados y con un mismo fin".

Sólo así se justificaría, concluye la UCO, "el consentimiento por parte de altos de cargos de la Generalitat de que el alcalde de Xàtiva pudiese tomar decisiones sobre adjudicaciones y cobrar comisiones de una empresa dependiente de la Generalitat".