La cadena de clínicas dentales Funnydent reabrirá antes de que finalice el mes los centros de Torrejón, Alcobendas y Alcorcón en Madrid así como con una de las dos clínicas que tiene en Cataluña, que se sumarán a las que reabrió la pasada semana en las localidades de Leganés y Móstoles.

Fuentes jurídicas han informado de que la reapertura de estas cuatro clínicas será posible tras la autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero, que acordó reabrir los centros escalonadamente este mes y con el informe positivo de la Consejería de Sanidad que debe revisar las instalaciones.

Con la reapertura progresiva de los centros, el juzgado pretende finalizar los tratamientos de los pacientes que se vieron afectados por el cierre sorpresivo de las clínicas el pasado 28 de enero.

No obstante, las fuentes han precisado que la mayoría de los cerca de dos mil afectados ya fueron derivados a otras clínicas, por lo que el número de personas que tienen pendientes terminar sus tratamientos es ahora muy reducido.

Al margen de los afectados, los administradores únicos de Funnydent nombrados por el juzgado pretenden también con la reapertura demostrar que la empresa funciona bien para así poder hacer frente a la deuda contraída por el anterior administrador único Cristóbal López Vivar con los proveedores, quienes han apoyado el plan de reabrir los centros.

Con todo, las fuentes recuerdan que la empresa sigue intervenida por el juzgado, lo que demuestra que la instrucción del caso sigue en marcha y que no existe intención de agotar la instrucción penal.

Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Navalcarnero (Madrid) "no considera pertinente" en este momento procesal impulsar la instrucción penal del caso y ve más prioritario atender a los afectados, tras negar la practica de diferentes medios de prueba que solicitó una asociación de afectados.

"Toda vez que la instrucción no está concluida y siendo que en el estado en que se encuentran las actuaciones no se considera pertinente la práctica de las interesadas, sin perjuicio de lo que pueda resultar conforme avance el proceso, no ha lugar a la estimación del recurso", dice la magistrada en un auto.

En su opinión, "el fin último de la instrucción es no sólo determinar la existencia o no de un posible ilícito penal, sino dar en lo posible satisfacción a todos los perjudicados".