La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado el pleno que demandaba la oposición para que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, hable sobre el 'caso Soria' para el 27 de septiembre a las 16.00 horas.

La fecha, que coincide con la del primer pleno ordinario previsto en el borrador del calendario de sesiones, sitúa el debate después de las elecciones gallegas y vascas del día 25.

Según fuentes de Presidencia, Pastor ha optado por ese día teniendo en cuenta que el ministro ya compareció este martes en la Comisión de Economía y que existe el precedente de la pasada legislatura de juntar la sesión de control —a la que rechazó someterse el Gobierno en funciones— con el pleno ordinario.

A su juicio, convocar una sesión de control sin que el pleno se lleve a efecto supondría un "daño a la imagen de la institución", además de un "gasto innecesario, porque significaría usar dinero para convocar una comparecencia sin que venga el compareciente".

Pastor recibió poco antes de las 20.00 de este martes el escrito oficial del Gobierno notificando que De Guindos no comparecerá en el pleno para explicar la designación y renuncia del exministro José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

El escrito argumenta que no corresponde al Ejecutivo en funciones someterse al control parlamentario ordinario y que el ministro además ya compareció por ese asunto en la Comisión de Economía.

La presidenta del Congreso, que trasladó a los portavoces parlamentarios que este miércoles pondría fecha al pleno que reclamaban, acordará previsiblemente con ellos el orden del día en la Junta de Portavoces de la semana que viene, que también deberá aprobar el calendario de sesiones.

En el precedente de la legislatura pasada, el entonces presidente del Congreso, Patxi López, otorgó tres minutos a cada grupo para que expresaran su posición ante la incomparecencia del Gobierno, por lo que Pastor podría optar por una fórmula similar.

La incomparecencia del Ejecutivo en el pleno el próximo día 27, junto al escrito del Gobierno registrado, podrían servir de base al PSOE para impulsar un nuevo conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional.