Dado el auto del Juzgado Mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que ordena dejar "en suspenso" de modo cautelar el acuerdo adoptado por el comité ejecutivo de Ciudadanos, para expulsar de la formación naranja a la concejal del Ayuntamiento alcalareño Ester Ruiz Lara, la citada edil defiende que la resolución judicial "pasa" por la restitución de su cargo como portavoz municipal de C's y de su "sueldo íntegro" de 38.475 euros brutos anuales.

En un escrito recogido por Europa Press, la concejal Ester Ruiz expone que la "restitución de derechos" ordenada por dicho auto "pasa por la Portavocía del grupo municipal (de C's) y la integración en el Consistorio, con sueldo íntegro". Y es que la expulsión de Ester Ruiz de la militancia de Ciudadanos motivó que el pleno del Ayuntamiento alcalareño la declarase concejal no adscrita, siéndole retirada la dedicación exclusiva gracias a la cual cobraba 38.475 euros brutos anuales como portavoz municipal de la formación naranja.

La actual concejal no adscrita, además, expone que más allá de ser vulnerado su "derecho a ser representante público", ha sufrido "descrédito y persecución por distintas difamaciones", así como "daño a la imagen pública y al honor". Es más, cree que "por orden del partido" se ha utilizado su "condición sexual" para ir en su "contra", extremo que ha "trastocado" su vida personal. "Lo que más siento es que a los que creíamos eso de hacer nueva política (...) nos han linchado, nos han impedido que trabajemos por nuestros vecinos y paremos la corrupción", lamenta.

La edil, finalmente, se solidariza con otros miembros de Ciudadanos "difamados y vilipendiados por el propio partido", con "especial mención" a Carmen López, la concejal de Castilleja de la Cuesta expulsada de Ciudadanos, después de pedir que se le sufragaran los traslados en avión desde Chicago hasta España para asistir a los plenos del Ayuntamiento alixeño, pues por motivos familiares se mudaba a Estados Unidos.

EL AUTO

A través de un auto emitido el 5 de septiembre y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial trata la pieza de medidas cautelares abierta en el marco de las acciones judiciales promovidas por la concejal alcalareña Ester Ruiz, para impugnar su expulsión de Ciudadanos.

Recordemos en ese sentido que el pasado mes de febrero, Ciudadanos anunciaba que expulsaba de sus filas a la hasta entonces portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Alcalá, Esther Ruiz, por incumplir supuestamente sus funciones y obligaciones como cargo público. Según Ciudadanos, Ester Ruiz, pese a gozar de régimen de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento alcalareño, no estaría asistiendo entonces a las juntas de portavoces o las comisiones delegadas de los plenos, por ejemplo.

Ester Ruiz y su abogado, no obstante, defendían por su parte que el expediente de expulsión promovido contra ella argumentaba "dejación de funciones" y "desobediencia" a las estructuras del partido, anunciando un recurso ante el comité de garantías de Ciudadanos. Ester Ruiz, en ese sentido, defendía que había acudido a todas las sesiones plenarias excepto a una en la que un "parte oficial de baja" probaría la "enfermedad" que sufría aquellos días.

"ACUERDO VERBAL"

En cuanto a la incomparecencia a las sesiones de la junta de portavoces y las comisiones informativas del Ayuntamiento, alegaba que entre las dos ediles de Ciudadanos en Alcalá mediaba un "acuerdo verbal", según el cual Esther Ruiz era quien se "volcaba" en la elaboración de las mociones y propuestas y la asistencia a tales órganos quedaría en manos de su compañera, que no ostentaba la Portavocía. Sobre la aludida "desobediencia" al partido, defendía que no había "recibido ninguna instrucción por escrito", ni siquiera en lo referente al apoyo de C's al PSOE en el pleno de investidura para que el socialista Antonio Gutiérrez Limones revalidase la Alcaldía en junio de 2015.

Pues bien, lo cierto es que después de que la comisión de garantías de Ciudadanos ratificase en marzo el acuerdo de febrero del comité ejecutivo que ordenaba la expulsión de Ester Ruiz de las filas de Ciudadanos, la ahora concejal no adscrita impugnó tales actos del partido.

Merced a dicha impugnación el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Alcalá ha tramitado una pieza para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por la concejal. En dicha pieza, el auto emitido este pasado 5 de septiembre ordena "dejar en suspenso" la expulsión de Ester Ruiz de las filas de Ciudadanos, anunciando que "debe rehabilitarse a la actora temporalmente en su condición de afiliada con todos los derechos y deberes".

Según este auto, "sin prejuzgar el fondo del asunto", en lo que se refiere a las medidas cautelares pedidas, esta expulsión "perjudica claramente" a la edil, "al verse privada de derechos como son los de participar en la actividad interna del partido, con la imposibilidad de ocupar cargos y conformar con sus opiniones las decisiones que deban adoptarse, y en la actividad externa del partido dada la imposibilidad de ser incluida en las listas cerradas propuestas por los propios partidos para poder ser elegidos en los procesos electorales, derechos cuya recuperación 'a posteriori' es imposible en caso de no adoptarse la medida cautelar".

EL EXPEDIENTE SANCIONADOR

Además, el auto expone que "no existe en todo el procedimiento de expediente sancionador (de Ciudadanos contra Este Ruiz) ninguna resolución o pronunciamiento en la que se declare o motive la denegación de las pruebas testificales propuestas por la actora". "Lo más sorprendente es que el comité ejecutivo manifieste que la actora no aporta ninguna prueba que de fe del pacto verbal con Rosa María Carro (la otra edil alcalareña de C's), cuando en su escrito de alegaciones propone la testifical de la misma".

"Ello da idea de la ausencia de motivación y pronunciamiento en cuanto a los medios de prueba propuestos por la actora, impidiendo la asistencia de su letrado y conculcando su derecho de defensa, así como incidiendo en la falta de motivación de la resolución impugnada", razona el auto, susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y que estipula además una caución de 1.500 euros "para la práctica de cualquier acto de ejecución de la medida cautelar acordada".