Los 87 menores de 12 años, muchos de ellos detenidos junto a sus madres por los servicios de seguridad, forman parte de los 1.000 casos nuevos que se sumaron al llamado Informe sobre Prisión Política y Tortura, encargado por el presidente Ricardo Lagos a una comisión de destacados profesionales.
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'Decir perdón en nombre del Estado de Chile por lo que ocurrió es tal vez poco. Nos cuesta imaginar que como resultado de situaciones tan profundas de desencuentro entre estos chilenos haya podido haber niños, guaguas (bebés) o aquellos que aún estaban en el vientre de sus madres', dijo Lagos tras informar los nuevos casos.
El estremecedor informe inicial, revelado en noviembre, recopiló los testimonios de 28.000 víctimas que denunciaron y probaron haber sido objeto de torturas, una práctica que, según el documento, se transformó en sistemática bajo el gobierno de Pinochet (1973-1990).
Sin embargo, más de 8.000 personas que no formaron parte de la lista inicial, entre ellos cientos de niños, pidieron a la comisión que sus casos fueran reconsiderados.
Tras un análisis exhaustivo que dio por finalizado su trabajo, los profesionales admitieron 1.201 casos de apremios y cautiverio ilegal, 87 de ellos niños, que podrán optar a la austera compensación económica establecida por una ley de reparación promulgada por Lagos consistente en una pensión vitalicia de 190 dólares mensuales.
MACABROS RECUERDOS DE NIÑEZ
Sin embargo, más allá de las compensaciones, los comisionados opinan que lo más importante es que las víctimas podrán reconciliarse con sus propias vivencias y cerrar las heridas del pasado en un país aún dividido.
'Recuerdo una niña que estuvo con su madre embarazada en un recinto secreto de la DINA (la policía política)', recordó María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta ejecutiva de la comisión.
'La madre fue muy torturada, estuvo tres veces a punto de perder su hijo por las torturas. La niña escribió (a la comisión) una carta preciosa, diciéndonos cómo había traspasado la pena que había sufrido su madre, no haberla podido proteger. Ella tiene más de 30 años y lleva esa pena hasta el día de hoy', agregó.
Con los nuevos casos, uno de cada 500 chilenos integra la lista, lo que hace suponer que la gran mayoría de los ciudadanos habrían conocido o al menos oído hablar de alguna víctima.
Los aparatos represores de la dictadura, formados por los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y organizaciones creadas como policías políticas -como la DINA y la CNI-, son los principales acusados ante la justicia de las 3.000 muertes y desapariciones durante la dictadura chilena y los casi 30.000 casos de tortura.
Muchos de los inculpados ya han sido procesados o incluso condenados por sus actuaciones.
/Por Ignacio Badal/.*.
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