El nuevo código penal exigido por la UE entró en vigor este miércoles en Turquía. Las feministas lo han saludado como una "revolución", aunque los periodistas lo critican por las medidas que, según ellos, limitan sus derechos.
La "Plataforma de Mujeres" señaló hoy que "celebra" la instauración del nuevo código penal, que supone "una revolución" y recoge gran parte de sus reivindicaciones contra las leyes que discriminan a las mujeres.
Senal Sarihan, directora de la "Asociación de Mujeres Republicanas", uno de los grupos de la Plataforma, aseguró que el nuevo texto legal recoge 30 de las 36 modificaciones que habían exigido, y que "la lucha continuará hasta que se cambien los seis restantes".
Según la anterior legislación, en los "crímenes de honor", habitualmente cometidos por el padre o el hermano de la víctima, los culpables recibían reducciones de su condena al considerarse como un atenuante el que actuaban bajo la presión social de las tradiciones del país.
El nuevo código penal, además, pena con condenas de tres meses a dos años de prisión el acoso sexual en el puesto de trabajo, sanción que aumenta si el acosador abusa de su posición dominante.
El nuevo articulado legal restringe los supuestos que permiten la realización de "pruebas de virginidad", e impone condenas de entre tres meses y un año de cárcel a los maridos que abandonen a sus esposas durante el embarazo.
Los periodistas, en contra
Las organizaciones de periodistas insisten en que la libertad de prensa queda seriamente dañada en este código. Diferentes asociaciones de periodistas y algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) calificaron el día de hoy como el inicio de un "periodo negro" para Turquía.
El diario Milliyet abre su edición de hoy con el titular "Un amargo principio para un nuevo periodo" ya que, según el rotativo, el nuevo código penal supone un duro golpe para la prensa ya que impone fuertes condenas de prisión para los delitos relacionados con la actividad de los periodistas.
Según el nuevo texto legal, hacer públicas las fotos o comentarios privados de alguien puede ser sancionado con condenas de entre uno y tres años de cárcel, aunque la pena aumentará si se publican en los medios de comunicación.
Las asociaciones de prensa aseguraron que las limitaciones impuestas por la ley dificultaran enormemente el desenmascaramiento de casos de corrupción.
"Actuar contra el interés nacional" será sancionado con condenas de hasta diez años de prisión, y la pena aumentará hasta los quince si se hace desde los medios de comunicación.
Según las asociaciones de prensa, este normativa dificultará la defensa de ideas contrarias a las oficiales en algunos casos conflictivos, como la relación de Turquía con Chipre o Armenia, algo corroborado por algunos profesores universitarios.
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