La Asociación de Profesionales Españoles, APSEP, ya ha presentado una demanda en el tribunal administrativo de Lisboa contra el gobierno luso para que derogue una ley que califican de "discriminatoria y obsoleta". Normativa, que no tiene reciprocidad para los 12.000 mil asalariados portugueses que a diario vienen a España.
Asimismo, señalan que algunos aspectos de la ley 22-A/2007, aprobada el pasado julio por unanimidad, "están en clara contradicción con el Tratado de la Comunidad Europea y la jurisprudencia de Tribunales Europeos que pretende asegurar la libre circulación de personas y bienes entre los Estados miembros".
Consecuencias
Si se incumple la norma la Brigada Fiscal de la Guardia Nacional Republicana puede requisar la documentación del coche e inmovilizarlo. Es el caso de más de 30 coches de otros tantos trabajadores transfronterizos que circulaban por el vecino país con placas españolas.
Pero el motivo de enfado no es sólo la multa que se prevé que puede llegar a los 400 euros, sino que también, la solución. Poner la matrícula portuguesa significa tener que renunciar a sus residencias y empadronarse en Portugal, lugar donde trabajan, pero no residen.
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