Veinte supuestos delincuentes fueron abatidos en seis acciones organizadas por el presunto "escuadrón de la muerte" de la Policía Nacional del Perú (PNP), que supuestamente simulaba enfrentamientos armados y mataba a personas para recibir beneficios y ascensos, según un informe del Gobierno presentado este martes.

El documento establece que existen "serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular" compuesta por un comandante y siete suboficiales, según las conclusiones de la comisión investigadora creada en el Ministerio del Interior tras conocerse las denuncias en medios de comunicación.

El informe fue presentado por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, a cargo de la comisión investigadora creada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien semanas atrás bautizó a ese grupo como un "escuadrón de la muerte".

Vargas explicó que el comandante y los siete suboficiales identificados integraban el Grupo Especial de Inteligencia contra el Crimen Organizado (GEICO), ubicado dentro de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía y a cargo de un coronel que fue ascendido a general.

El viceministro indicó que su investigación se basó en seis intervenciones policiales organizadas sobre la base de información de inteligencia deliberadamente alterada por los miembros del GEICO, con la probable aquiescencia del ahora general. "En todos los casos, los documentos por medio de los cuales se requirió la ejecución de las intervenciones fueron preparados en base a la descripción de hechos irreales o a la identificación de personas que no reunían las características o antecedentes criminales consignados", añadió Vargas.

"Once de los veinte supuestos delincuentes abatidos no tenían antecedentes o requisitorias que justificaran ser los objetivos de intervenciones policiales", agregó.

Vargas no especificó las fechas de esos operativos, pero precisó que el comandante al mando del GEICO obtuvo seis condecoraciones por acción distinguida entre 2012 y 2014.

El viceministro explicó que las irregularidades fueron denunciadas por el comandante Francisco Moreno ante la Inspectoría General de la Policía, quien derivó sus averiguaciones al tribunal de disciplina policial, donde los informes permanecieron diez meses sin ningún avance, cuando debían haber durado dos como máximo.

Vargas dijo que "esa dilación tendrá que ser investigada porque es absolutamente rechazable, indebida, injustificada e inadmisible", ya que para entonces los hechos ya estaban suficientemente acreditados.

El informe ha sido derivado a la Fiscalía para que haga las imputaciones penales que considere y el Ministerio del Interior divulgará los próximos días otro documento que establece las sanciones administrativas y disciplinarias a los implicados.

Un colaborador eficaz, que presuntamente reunía a los delincuentes que iban a ser emboscados, declaró hace tres semanas al programa televisivo Cuarto Poder que el comandante "organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes", mientras que los ejecutores obtenían dinero.