Málaga aplica el redondeo en la zona azul aunque la ley lo prohíbe

Los aparcamientos públicos de Málaga ya aplican el pago por tiempo real. Pero, en cambio, al Ayuntamiento se le ha olvidado aplicar lo mismo que dice la ley en el cobro por aparcar en las vías con SARE, conocidas como zona azul.

Cuesta lo mismo si dejas el coche diez minutos que 30, al final pagas 35 céntimos. Por esta práctica de redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de productos (prohibida ya por la ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera la práctica abusiva), el Consistorio malagueño ha sido denunciado por la Federación de Consumidores en Acción (Facua), a la vez que otros 19, por no aplicar el cobro por tiempo real de aparcamiento.

Junto con la capital están, en Andalucía, Granada, Córdoba y Sevilla; Valencia, Madrid, Valladolid, Zaragoza, La Coruña y Alicante, también.

Facua llama además la atención sobre los precios, que van desde los 0,15 euros por 15 minutos (lo más barato, en Castellón) hasta los 0,70 de Barcelona. Aquí se puede estacionar en los SARE 15 y 30 minutos, ambos cuestan 0,35; y hasta una hora por 1,15 euros. Esta tarifa es la segunda más cara de las 20 ciudades.

161 PLAZAS PARA MILES DE COCHES

La Ciudad de la Justicia va camino de retrasarse por la falta de aparcamientos Ô Su inauguración oficial debería producirse en diciembre, pero todo está parado –el traslado supone cuatro meses de trabajo– porque el Ayuntamiento no le da la licencia de primera ocupación a la Junta, ya que el megaedificio, de 68.500 metros cuadrados, 1.500 trabajadores y 88 órganos judiciales, sólo tiene 161 plazas de aparcamiento.

El Consistorio reclama que se construya un aparcamiento con de más de 600 plazas, al prever que acudirán diariamente al recinto entre 4.000 y 5.000 personas (3.500, según la Junta) entre funcionarios, abogados y ciudadanos. Para ello se ha ofrecido a cederle unos terrenos de propiedad municipal a cambio de quedarse con el edificio de la actual Audiencia Provincial (Palacio Miramar), que la Junta quiere convertir en hotel de cinco estrellas cuando finalice el traslado. Este culebrón administrativo podría llegar a su fin si las partes se ponen de acuerdo –la Junta amenaza con ir a los tribunales– en una reunión fijada para el próximo 4 de octubre.