Ceuta blinda sus calles con 52 cámaras para controlar el tráfico y la seguridad

Una comisión deberá poner límites a las cámaras que el Gobierno ceutí ha instalado en las calles de la ciudad. Así de claro lo ha manifestado la Delegación del Gobierno aludiendo a la necesidad de poner orden en un dispositivo que el PP quiere activar de inmediato.

Para el delegado del Gobierno en Ceuta, Jenaro García Arreciado, las videocámaras tienen que estar sometidas "a una serie de controles que en este caso lo ejerce una comisión especial que dice cuántas videocámaras, dónde deben ir puestas, qué se hace con esa información, quién tiene acceso a ellas...".

Arreciado aclara que debe mantenerse la "privacidad de las personas que van a ser filmadas voluntaria o involuntariamente por las cámaras. Eso requiere de un control", aclaró. Es por ello que desde Delegación se aboga por la creación de una comisión de videovigilancia que emita el informe oportuno.

Por su parte el Gobierno local afirma que las 52 cámaras que ha instalado en toda la ciudad y que se conoce popularmente como 'el Gran Hermano' ceutí, pueden activarse en cuento se revisen los monitores, marcándose como límite la semana próxima.

El delegado del Gobierno es claro, no desea enfrentamiento, pero la ley está para cumplirse y argumenta que debe ser la administración central la que dé el permiso de funcionamiento de unos visores con los que Ceuta quiere controlar el tráfico y aminorar el nivel de inseguridad.

En este enfrentamiento entre administraciones, 20minutos.es, ha buscado la debida aclaración judicial. Y es una sentencia emitida por el TSJA -Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- la que marca las directrices en este ámbito.

Los jueces Heriberto Asensio, Guillermo Sanchís y Javier Rodríguez aclaran que si bien las cámaras pueden estar operativas en la ciudad, "habrá que respetarse" los derechos fundamentales y libertades públicas de los ceutíes. Y ese respeto se extiende a las fases de "autorización, grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos".

En este ámbito se encuadra lo recalcado desde la Delegación del Gobierno que, recalca, no quiere entorpecer la labor de la Ciudad ni enfrentarse en este asunto, pero sí quiere hacer prevalecer el buen funcionamiento de los visores.

Sin la constitución de esa comisión de videovigilancia -que todavía no ha sido solicitada por el Gobierno ceutí- no se puede dar el visto bueno a la puesta en marcha de las cámaras. La ubicación de algunas de ellas ya ha generado polémica entre la ciudadanía e incluso entre los partidos políticos, ya que el mismo PSOE cuestiona la ubicación de dos visores enfrente de la Delegación.

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