El portavoz de COLEGA, Francisco Ramírez, indica en una nota de prensa que "dada la gravedad de los hechos y teniendo en cuenta que en el pasado el mismo magistrado fue expedientado por similares motivos, pedimos su inhabilitación permanente para la práctica judicial"
COLEGA Murcia considera "ridícula" una sanción de un máximo de 3.000 euros, ya que estima que, "como juez no debe poder aducir motivos religiosos o morales para paralizar a su gusto procesos ya normalizados como la adopción o la homoparentalidad".
Para este colectivo, ello provoca "una grave distorsión en la aplicación de la justicia".
COLEGA MURCIA pide al CGPJ que hechos tan graves tengan una "inmediata y firme" respuesta para así evitar el envío de mensajes contradictorios sobre la aplicación de las leyes a la sociedad.
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