Los hechos se remontan al 14 de julio de 2005, jornada en la que el condenado, Enrique F.P., invitó a sus empleados a una comida para celebrar su santo y, tras almorzar, continuaron la fiesta en su casa del Puente Tablas (Jaén), donde guardaba una tarta con marihuana que él mismo había encargado.

No obstante y a causa de la ingesta del pastel, una de las empleadas, que desconocía que uno de los ingredientes era marihuana, tuvo que ser asistida de urgencia por intoxicación de cannabis y tardó en curar 13 días, uno de de los cuales estuvo hospitalizada y durante seis impedida para sus ocupaciones habituales.

Otra trabajadora que tampoco sabía lo de la marihuana fue asistida de urgencia también por intoxicación y curó tras 45 días, de los que uno estuvo hospitalizada y en todos estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales. Además, le ha quedado como secuela un trastorno neurótico por estrés postraumático, por lo que necesitó tratamiento psiquiátrico que todavía mantiene.

En el juicio, que quedó visto para sentencia a finales de mayo en el Juzgado de lo Penal número tres, Enrique F.P. admitió que sabía que la tarta contenía marihuana, pero sostuvo que él no fue quien la encargó, sino que lo hizo la mujer que tenía contratada para las tareas de la limpieza doméstica, quien también estaba acusada en este proceso pero que no se presentó a la vista oral, por lo que se emitió una orden de búsqueda y captura.

Asimismo, el condenado declaró que todos sabían "desde el principio" que la tarta tenía marihuana y que, de hecho, el día anterior él mismo probó un trozo y no le pasó nada.

Sin embargo, las dos denunciantes --una de las cuales está incapacitada para trabajar a causa de las lesiones que le produjo la ingesta de cannabis, según expuso-- insistieron en que desconocían que la tarta tuviera entre sus ingredientes marihuana y que cuando preguntaron que por qué tenía el dulce un sabor "extraño" les replicaron que era porque se trataba de una tarta 'light' de café y pistachos.

Por todos estos hechos, el juzgado de lo Penal número tres de Jaén condenó a este empresario por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud con la concurrencia de la agravante de abuso de confianza a la pena de dos años de prisión y le impuso una multa de 100 euros, fallo que ahora ha sido confirmado por la Audiencia Provincial de Jaén.

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