Cabe recordar, no obstante, que el proceso continúa contra la concejal en activo Josefa Cruz Orta y las exediles María del Rosario Fernández y Josefa Ruiz, para quienes la Fiscalía interesa penas de multa e inhabilitación por un supuesto delito electoral.

Ruiz Aguado, quien asumió el cargo de forma accidental mientras que quien era entonces primer edil, Cristóbal Fernández, cumplía pena de seis meses de inhabilitación por un delito electoral, queda así fuera definitivamente del procedimiento penal por cuarta vez después de que la Audiencia Provincial revocase en 2011 el sobreseimiento provisional para ordenar la práctica de varias diligencias en las que, finalmente, la jueza instructora no ha encontrado indicios "racionales suficientes" de su "participación" en el delito.

El auto de la Sección Segunda, consultado por Europa Press, señala que el recurso de la acusación particular ejercida por el ex portavoz municipal del PP Joaquín Amills se presentó contra una providencia que desestimaba un escrito de 16 de julio de 2015 en el que se pedía la reapertura del procedimiento y la imputación de Ruiz Aguado.

Recuerda, no obstante, que, en mayo, se dictó un auto que en su parte dispositiva acordaba el sobreseimiento provisional y archivo, y que no consta que contra este se interpusiese recurso alguno, "lo que supone la firmeza de tal resolución y consecuentemente a ella habrá que estarse".

No obstante, la Audiencia se pronuncia sobre el fondo de la cuestión y, haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía, señala que no existen "indicios racionales de criminalidad" frente al denunciado "pues ni de las testificales recibidas, ni de ninguna otra prueba, se desprende participación en los hechos, más allá de sospechas y conjeturas".

La denuncia que dio lugar a la causa, interpuesta por el PP, señalaba que, a través de un vecino que declaró como testigo posteriormente, se había tenido conocimiento de que el entonces regidor "había arrojado a un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, promesas o remuneraciones ofrecidas a diferentes vecinos".

El Ministerio Público formuló ya su acusación en 2010 contra las exconcejalas del PSOE Josefa Ruiz y María del Rosario Fernández, quien fue indultada en diciembre de 2006 junto a su hermano y alcalde Cristóbal Fernández tras ser condenada a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, así como para Josefa Cruz Orta.

ACUSACIÓN FISCAL

Las tres se enfrentan a una petición fiscal de multa de 40 cuotas a diez euros al día, cuatro meses de multa a razón de razón de diez euros al día y un año de inhabilitación especial para cargo público como presuntas autoras de delitos electorales del artículo 146.1 a) y 2 del la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Según recoge el escrito de calificación provisional, María del Rosario Fernández y Josefa Ruiz contactaron con una vecina de Almería y le requirieron para que se personará en el Ayuntamiento. Una vez allí, María del Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde, le habría dicho textualmente: "Me vas a votar por correo que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora".

Posteriormente, esta vecina de Almería les habría "llevado el voto por correo tras recibirlo" y, ese mismo día, Josefa Ruiz presuntamente le habría dado "diez euros para que se pagara el billete de autobús" de vuelta desde Carboneras mientras le decía: "no te preocupes que vas a tener trabajo".

El Ministerio Público sostiene que la tercera acusada, Josefa Cruz, contactó con otro vecino que trabajaba en un bar del municipio y le habría solicitado "el voto por correo a su partido a cambio de permitir el Ayuntamiento la apertura de una terraza que facilitaría que pudiera seguir trabajando en el mismo". Supuestamente, este camarero le llevó el voto por correo una vez lo recibió.

El escrito concluye que ambos "votaron por correo en las elecciones de 25 de mayo de 2007 en la Oficina de Correos de Carboneras conforme los sobres electorales que les prepararon las acusadas".