Así lo ha indicado Lorén tras la celebración esta tarde del consejo extraordinario de la sociedad, encuentro que fue solicitado por el grupo municipal Popular al conocerse el informe que revelaba deudas de 2,7 millones de euros de varias concesiones municipales vinculadas a la Expo, "así como irregularidades en una decena de ellas".

Según el edil popular, esta sociedad "no ha cumplido los requisitos para los que fue creada, resultando innecesaria, ineficaz e incontrolable". Del mismo modo, los populares han exigido que se cree una comisión de seguimiento en la que se informe puntualmente a los grupos municipales sobre la situación de cada una de las concesiones y sobre las decisiones que va adoptando el equipo de gobierno.

El concejal del PP ha lamentado que, hasta la fecha, Zaragoza@DesarrolloExpo sólo ha servido como "cortina de humo para tapar problemas", razón por la que ya es hora de "dar carpetazo a una sociedad con muchas sombras desde hace ocho años".

En este sentido, ha mostrado su preocupación por el desconocimiento manifestado por el equipo de gobierno de Zaragoza en Común y por los propios responsables de la sociedad en relación con las concesiones cuyo reequilibrio económico-financiero tiene que asumir el ayuntamiento en virtud de los pliegos de condiciones que sirvieron para adjudicarlas.

"MUY PREOCUPANTE"

"Es muy preocupante que nadie sepa cuáles son las responsabilidades que tiene esta institución ocho años después", ha señalado Lorén, para quejarse también por la falta de transparencia y ha puesto como ejemplo el acuerdo adoptado este lunes por el Gobierno de la ciudad para resolver el contrato de la navegación e indemnizar con 300.000 euros a la empresa que explota los barcos, algo de lo que "no nos habían facilitado documentación alguna" y de lo que no tenía conocimiento el consejo de administración.

El edil popular ha cuestionado que este pago por la navegación "se ha resuelto en tiempo récord (ocho días hábiles) sin saber por qué se llega a la conclusión de que deben pagarse 300.000 euros".

De hecho, según ha manifestado en el consejo el consejero Fernando Rivarés, la cifra de 300.000 euros no responde a ningún cálculo técnico respaldado por informes jurídicos, sino a que la empresa había reclamado inicialmente 525.000 euros. "Y si hubiesen pedido 700.000 euros, ¿cuánto se le hubiese pagado?", se ha preguntado Lorén.