En el documento remitido por la Comisión al Parlamento Europeo para tratarlo el próximo 27 de julio se identifican una lista de programas que Europa podría suspender como "castigo" por incumplimiento del déficit, entre ellos el Programa de Desarrollo Rural (PDR) valenciano, dotado con 204 millones de euros, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

El pasado 12 de julio el Consejo de Europa determinó que ni Portugal, ni España habían adoptado "acciones eficaces" para corregir sus "excesivos" déficits y, por lo tanto, según informa la Comisión al Parlamento, "se dan las condiciones para suspender los fondos, al tiempo que anuncia que pronto presentará una propuesta sobre el alcance de la congelación".

La Comisión se basa en los mecanismos de precaución adoptados en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 para evitar que los efectos perseguidos por los instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE) sean puestos en peligro por la aplicación en algún Estado miembro de políticas sociales y económicas erróneas.

Asimismo, el listado de programas que podrían verse afectados tienen asignado un volumen de aportaciones de la UE a España para el período 2014-2020 de 28.223 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que cuentan con fondos complementarios españoles, entre en los que se destaca los destinados al desarrollo de los sectores primarios y el medio rural.

Según ese documento, la suspensión podría afectar a los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha (1.147 millones de euros), Castilla y León (969 millones), Cataluña (349 millones), Extremadura (891 millones), Galicia (890 millones), Madrid (77 millones), Murcia (219 millones), Navarra (320 millones), País Vasco (87 millones), La Rioja (70 millones) y la Comunitat Valenciana (204 millones).

Unión de Uniones se ha puesto en contacto con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y lo hará con las Consejerías afectadas, ya que considera que "de estos programas dependen gran parte de las políticas de desarrollo y dinamización del sector agrario", como la incorporación de los jóvenes, la agricultura ecológica las mejoras de las condiciones de comercialización agroalimentaria, la gestión sostenible de regadíos o la diversificación económica en el medio rural.

La organización rechaza "enérgicamente" la posibilidad de esta penalización, que "pone en riesgo las medidas estructurales que ya están puestas en marcha en base a programas y cuadros financieros aprobados previamente por la Comisión".

Unión de Uniones ha subrayado que los agricultores y ganaderos ya han emprendido inversiones o han asumido compromisos, en algún caso a cinco años, en base a los programas y a la financiación que ahora se cuestiona, y su suspensión les ocasionaría graves perjuicios.

"No se puede castigar de esta situación a quienes no tienen responsabilidad directa y sólo intentan mejorar la vida de sus pueblos y progresar", ha concluido la organización.