La vista oral por el caso Gescartera se reanuda este lunes, día en el que el tribunal tendrá de decidir sobre la nulidad de la apertura del juicio y en el que el principal imputado, Antonio Camacho, contestará a las preguntas de los 61 abogados presentes en la causa.

La tercera sesión del juicio oral por este escándalo financiero, que afecta a más de 1.600 inversores, dilucidará si, finalmente, el tribunal imputa o no a antiguos altos cargos de la CNMV y el Gobierno, tal y como reclamaban más de una veintena de acusaciones particulares y populares, a pesar de la oposición del Ministerio Público, que no quiere más dilaciones en esta vista.

De producirse este rechazo por parte del tribunal presidido por la juez Carmen González Campos, según fuentes jurídicas, tanto la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente, que dimitió por este caso en 2001, como el ex vicepresidente del organismo regulador y diputado del PP, Luis Ramallo, y el ex secretario de Hacienda,  Enrique Jiménez Reyna, comparecerían previsiblemente como testigos.

Otras responsabilidades 

La intención de buena parte de las acusaciones es buscar, a través de estas imputaciones, la responsabilidad civil del Estado, aspiración rechazada por varios autos de la Audiencia Nacional.

Hasta el momento, la juez de instrucción Teresa Palacios sólo ha visto responsabilidad civil subsidiaria en las entidades Caja Madrid Bolsa y La Caixa, dos de cuyos empleados figuran entre los catorce acusados por apropiación indebida y falsedad documental.

Además, el tribunal se pronunciará sobre las solicitudes de algunas defensas y acusaciones para que se anule la apertura del juicio oral decidida, hace dos años, precisamente por la juez Palacios, quien inició hace más de seis años la investigación tras la intervención de la sociedad por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

También mañana, previsiblemente, comparecerá el principal acusado de Gescartera, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide más de once años de cárcel por articular presuntamente la trama que provocó un agujero patrimonial en la agencia de valores por más de 50 millones de euros.