Las tres administraciones se han comprometido a constituir una comisión de coordinación que establecerá un calendario de actuaciones en el Puche a través de diferentes mesas técnicas de trabajo donde también estará presente el movimiento asociativo del barrio.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido al Ayuntamiento de Almería, a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación de Gobierno que conformen este equipo de trabajo durante la reunión convocada este miércoles por el consistorio almeriense de acuerdo al compromiso alcanzado por la Defensoría la semana pasada con el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En la reunión, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado que es "deber" de las administraciones públicas "sentarnos a hablar y trazar las líneas de una colaboración que lleve a mejorar la calidad de vida de los vecinos de El Puche". "Tenemos que sentar las bases de una colaboración sólida en favor del interés general de los vecinos del barrio", ha apuntillado.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, ha manifestado que el barrio del Puche, es uno más en la capital de Almería, en el que viven más de 7.000 personas, que por sus condiciones socioeconómicas es considerado una zona de transformación social y por ello necesita una "atención integral" con políticas de inversión en Infraestructuras y sobre todo de inversión social.

"Las políticas sociales no son un gasto sino una inversión. La Junta de Andalucía siempre ha estado ahí, con discriminación positiva, adaptando los recursos a las necesidades de salud, educación, servicios sociales y vivienda. Seguiremos estando, siendo necesaria una coordinación máxima con las Instituciones, sobre todo con el Ayuntamiento", ha dicho.

Asimismo, Maeztu ha informado de las quejas que la Mesa Comunitaria del Puche y demás colectivos del barrio han denunciado ante la Defensoría andaluza en sendos encuentros mantenidos con las asociaciones y colectivos del barrio en los últimos meses.

Entre ellas, los problemas de disponer de unos espacios y equipamientos públicos adecuados; las situaciones de vulnerabilidad de muchas familias; las conexiones ilegales de luz que provocan continuos cortes de suministro eléctrico; las deficiencias en el alumbrado y viario, así como del transporte público; la limpieza de aguas residuales del Andarax o la ocupación de locales como viviendas irregulares por parte de muchas familias.

Para la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz estas situaciones exigen una respuesta coordinada y conjunta de las autoridades públicas, que involucre a los vecinos y colectivos en la transformación de su barrio.