Martín asegura en un comunicado que, tras un año de gobierno de los socialistas en Gibraleón, el desencuentro con la empresa que actualmente gestiona el servicio de aguas es "total" porque "son muchas las quejas que nos transmiten los vecinos del pueblo" como consecuencia de la "falta de compromiso" de Aqualia.

Según la regidora, una de las principales quejas proviene de la "falta de sensibilidad", ya que se están realizando "cortes del suministro a muchos vecinos que no pueden pagar el agua", con muy pocas opciones para que puedan fraccionar los pagos.

Martín apunta que estos cortes, que durante todo el año anterior a las elecciones municipales no se produjeron, se llevan a cabo de forma "masiva e indiscriminada", sin tener en cuenta la situación socioeconómica en la que se encuentran muchas familias, que se ven privadas de un bien tan básico como el agua.

Además, en el Ayuntamiento se han multiplicado las denuncias por la tardanza excesiva en la reparación de averías por parte de Aqualia. La falta de una respuesta rápida y eficaz "obedece a la limitación de medios técnicos y humanos" que la empresa dedica al servicio en Gibraleón, lo que, unido a otras muchas incidencias, arroja "unas carencias y una falta de calidad" que el ayuntamiento no está dispuesto a consentir.

MÁS DE 400.000 EUROS DE DEUDA

Según el gobierno municipal olontense, si preocupante es el descontento entre la población con la calidad de servicio, "no es menos grave el grado de incumplimiento del contrato", sobre todo en lo que se refiere a las contraprestaciones que Aqualia está obligada a abonar al Ayuntamiento, ya que cifra en más de 426.000 euros la deuda de la empresa con las arcas municipales.

Según el consistorio, la empresa adeuda al Ayuntamiento 45.320 euros en concepto del 1,5 por ciento de lo facturado, 313.662 de canon anual de explotación y 27.580 por el alquiler del local municipal donde se encuentra la oficina de Aqualia, a los que se sumaría el "incumplimiento contractual" de invertir 40.000 euros cada año en el mantenimiento y mejora de las redes e instalaciones del municipio.

Pese a que el Ayuntamiento ha requerido en reiteradas ocasiones a Aqualia mediante las correspondientes liquidaciones para que abone las cantidades adeudadas, la respuesta de la empresa privada "siempre ha sido presentar recursos administrativos para eludir el pago", por lo que el gobierno municipal considera "insostenible" la falta de acuerdo con la empresa responsable de un servicio tan importante como el agua es "insostenible".

Junto a estas deudas reseñadas, el ayuntamiento debe hacer frente además a otros problemas económicos derivados de la privatización del agua. El principal de ellos es la indemnización de 4,5 millones de euros que la Mancomunidad de Servicios (MAS) reclama al municipio olontense, de los que el TSJA ha dictado ya una sentencia que, aunque concede la suspensión cautelar de una parte de esa cuantía, obliga al Ayuntamiento a pagar ya 1,2 millones de euros por haber abandonado "a las bravas" y sin ningún tipo de negociación la mancomunidad y su empresa pública Giahsa.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)