El director general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León entre 2006 y 2015, José María Pino, ha insistido en su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos (HUBU) que se desarrolla en las Cortes que las modificaciones de obra y de equipamiento del inmueble eran "justificadas", siempre desde la atención a "criterios profesionales" y con el "interés público" como eje de todas ellas.

Así se ha manifestado en este foro, donde ha recordado que cuando tomó posesión de su cargo en 2006 el expediente del HUBU ya estaba cerrado y la obra estaba en ejecución. No obstante, ha explicado que durante su etapa se aprobaron dos modificaciones, la primera

y más amplia en junio de 2009 con el fin de atender a "nuevas necesidades asistenciales" y la segunda en mayo de 2012 con el centro hospitalario ya en marcha con el fin de mejorar "el equipamiento" y que supuso un incremento de nueve millones de euros sobre el precio.

En concreto, Pino ha detallado que "cualquier modificado no se hace de la noche a la mañana", por lo que, tras iniciarse la obra, en 2007 profesionales del sector comienzan a solicitar un primer modificado para adaptar el centro a las necesidades de ese momento, un planteamiento en el que se empieza a trabajar y que tiene como base las necesidades de que el HUBU sea centro de referencia de determinadas especialidades, un incremento de plantilla y un aumento en cuanto a las zonas de atención por un criterio de población.

Así, tras comenzar a trabajar en esta situación finalmente el proyecto de modificación se aprueba en junio de 2009 y en el mismo introducen más camas para la zona de hospitalización, más consultas externas, más camas en urgencias y en observación y un incremento de quirófanos, entre otras cuestiones como el cambio de ubicación del helipuerto, que finalmente se proyecta en una zona próxima a urgencias para garantizar una rápida asistencia.

"Fue una modificación justificada en base a determinadas circunstancias, no conozco ningún hospital nuevo que no tenga modificaciones", ha aseverado.

El segundo modificado se aprobó en mayo de 2012, ya con el hospital en marcha, ya que éste arrancó su actividad el 14 de diciembre de 2011. En este caso se trató de una revisión de equipamiento y que supuso un incremento de la inversión de nueve millones de euros.

LOS CAMBIOS "SE AJUSTABAN A LA LEGALIDAD"

Así, con estos cambios que, como ha defendido Pino, "se ajustaban a la legalidad y mejoraba el proyecto inicial", se adaptaron los espacios para garantizar la seguridad y salud laboral, se incremento la confidencialidad, se adaptaron zonas de administración y se introdujeron nuevos equipos.

José María Pino ha recordado que en ese momento fue el propio presidente, Juan Vicente Herrera, quien, tras escuchar las demandas de los profesionales, instó al entonces consejero de Sanidad Francisco Javier Álvarez Guisasola a iniciar una ronda de contactos con los jefes de área del centro hospitalario para conocer el alcance y las conveniencias de estas demandas.

Tras esta petición, como ha relatado, Guisasola se reunió de forma individualizada con cada jefe de área y finalmente, aunque no se aceptaron todas las solicitudes, se admitieron cambios y modificaciones por valor de nueve millones de euros. "En un hospital existen hasta 60.000 referencias sólo de equipamiento y montaje", ha reseñado Pino, quien ha asegurado que este plan de equipamiento final fue "el fetén".

"Todas las modificaciones han atendido al interés público y se han hecho a propuesta de necesidades asistenciales planteadas por profesionales, se realizó un esfuerzo económico mayor para que el HUBU fuera un hospital de futuro no no necesitara una modificación general", ha concluido.

No obstante, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, se ha preguntado hasta qué punto podrían haberse previsto las modificaciones que finalmente se llevaron a cabo y que generaron retrasos en la entrega de la obra, al tiempo que ha solicitado explicaciones del por qué no se sancionó a la empresa adjudicataria por las demoras.

Sarrión ha insistido en que los retrasos se acumulaban desde 2006 y ha recordado que a 45 días de la fecha final de entrega se había edificado un 50 por ciento cuando debía estar el 90, por lo que se ha preguntado si las modificaciones obedecieron a una maniobra para evitar una sanción.

No obstante, el ex director general, en cuanto a la reducción del ritmo de la construcción, ha defendido que "seguramente" la obra se vio ralentizada ante la solicitud de informes para conocer las demandas de los profesionales. "Parece que se decidió que no tenía sentido que algo avanzara para que finalmente fuera modificado", ha asegurado, tras lo que ha considerado que una sanción en este caso no parecía razonable ya que se atendió a una decisión de la administración.

CINCO SANCIONES A LA CONCESIONARIA

Pino sí ha recordado que la empresa adjudicataria ha sido sancionada en cinco ocasiones por problemas en el mantenimiento del centro desde que este está en marcha.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en esta Comisión de Investigación, Manuel Mitadiel, cuestionó la falta de previsión tanto de camas como de profesionales. "Cómo en el proyecto inicial no se habían valorado las necesidades sanitarias, se dejan muchos interrogantes", ha advertido.

La portavoz de Podemos en la Comisión, Laura Domínguez, ha insistido en que se "modificó absolutamente todo". "No hay ni una sola área que quede sin tocar", tras lo que ha lamentado que a pesar de las modificaciones finalmente se optara por la construcción de un helipuerto que ahora está situado de tal manera que "los helicópteros tienen que aterrizar al revés"

Asimismo, el procurador socialista Luis Briones ha asegurado que la "indefinición" del proyecto ha tenido como consecuencia que la cantidad de dinero destinada al centro finalmente se haya "disparado", al pasar de los 47 millones de euros iniciales a 103 finales. "Parece que estaban diseñando algo y no sabían lo que iba a salir de ahí", ha reseñado.

Briones ha considerado además que, según las explicaciones aportadas por Pino, parece que en el primer proyecto la obra se acercaba más "a un centro de salud" que a un "hospital". "Nada estaba proyectado", ha concluido.

Por último, el procurador 'popular' Ángel Mariano Ibáñez ha insistido en que todo lo realizado y detallado por el ex director general cumple la "legalidad" y ha defendido que, a su juicio, "tiene sentido" que la obra no avanzara lo suficiente para adaptarlo a nuevas necesidades, ya que se trataba de un proyecto "vivo".