Además, el Ejecutivo ha aprobado también una declaración institucional por la que en adelante se compromete a ejercer la acción popular en los casos más graves de violencia contra las mujeres.

En este caso, las actuaciones procesales correspondientes se encomiendan al Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral.

Como consecuencia de la denuncia presentada el pasado 7 de julio por la víctima, se produjo la detención de cinco personas, actualmente en situación de prisión preventiva, que están siendo investigadas por dicho juzgado.

A juicio del Gobierno de Navarra, "los hechos denunciados son de extrema gravedad, tanto por la violencia sufrida por la víctima, como por la participación conjunta de los agresores y el uso de violencia física, valiéndose de su superioridad numérica y física".

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont, ha señalado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que "basta con una violación, sea en Sanfermines o no, para que el Gobierno esté ahí, donde tiene que estar, en completo apoyo a la víctima y a sus familiares y amigos, prestando toda la ayuda que seguramente es insuficiente".

"Los servicios públicos pueden y deben ofrecer servicios sanitarios, asistenciales, de apoyo psicológico, pero también de colaboración en la investigación primero policial y después judicial", ha señalado Beaumont.

La consejera ha expuesto que "el auto del juzgado que dispuso el ingreso en prisión preventiva de los acusados está estableciendo que no tiene dudas de la comisión de esos delitos y es la razón por la que les pone prisión preventiva".

La Ley Foral 14/2015, de 11 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres indica en su artículo 65 que la Administración de Navarra podrá acordar su personación en los procedimientos penales para ejercer la acción popular en los casos más graves de violencia contra las mujeres. Igualmente, establece que la representación y defensa en juicio corresponderá al Gobierno de Navarra, sin perjuicio de que las mencionadas funciones de representación y defensa en juicio puedan ser encomendadas a uno o más profesionales de la abogacía colegiados en ejercicio.

CASOS MÁS GRAVES

Además, en su sesión de este miércoles el Gobierno ha aprobado una declaración institucional por la que a partir de ahora el Ejecutivo foral se personará en los procedimientos penales para ejercer la acción popular en los casos más graves de violencia de mujeres o cuando la acción delictiva provoque la muerte de éstas.

En el texto se indica que "el Gobierno de Navarra quiere trasladar a la ciudadanía su compromiso en contra de la violencia hacia las mujeres para lograr que ni una sola mujeres vea negados sus derechos y libertades fundamentales como la igualdad, la seguridad y la dignidad. En este sentido, condena "inequívocamente la violencia ejercida contra las mujeres como la mayor violación de sus derechos humanos y nos manifestamos a favor del respeto y la igualdad entre hombres y mujeres".

Además, el Ejecutivo foral desea dejar constancia de su "compromiso por mejorar el tratamiento profesional de la violencia contra las mujeres en Navarra, investigando y generando conocimiento en esta materia, profundizando en una mejor coordinación interinstitucional, incidiendo en la prevención de esta realidad, y facilitando tanto a las mujeres que se encuentren en esta situación, como a quienes dependen directamente de ellas, todos los recursos necesarios para dignificar su vida y, a través de ella, la de la sociedad en su conjunto, mostrando de esta manera su voluntad política, algo que en la sociedad ya ha manifestado con una respuesta ciudadana modélica y una posición clara y rotunda".