Denunciaron. Se echaron para atrás. Acabaron muertas. Cinco de las 24 mujeres asesinadas en crímenes de violencia machista en lo que va de año (el 20,8%) habían decidio previamente no seguir con el proceso de sus denuncias de malos tratos interpuestas contra los mismos hombres que acabaron implacablemente con sus vidas, según la estadística de 2016 del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

Desde que hay registro oficial (2006), nunca antes tantas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas habían renunciado al proceso de denuncia previa de maltrato. Hay que remontarse a 2010 para encontrar la cifra más cercana: cuatro mujeres, de las 73 que murieron ese año, renunciaron antes a seguir un proceso judicial contra quienes terminaron siendo sus asesinos.

La renuncia de la víctima a seguir adelante con un caso de violencia machista es una de las mayores preocupaciones de los profesionales que trabajan en este ámbito, asegura la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, quien no duda en confesar que estos casos causan a su alrededor "una gran sensación de impotencia".

¿Qué lleva a una mujer a echarse para atrás? Los expertos coinciden en que concurren "muchas circunstancias" entre las que enumeran: "que la mujer haya quedado anulada por el maltrato y con secuelas no tratadas adecuadamente", "el miedo al maltratador", "el miedo a perder a sus hijos o a no poder protegerlos convenientemente", "sentimiento de vergüenza en su entorno", "el miedo a no ser creídas" y "el sentimiento de culpa de lo que le pueda pasar al agresor tras la denuncia".

La presidenta del Observatorio del CGPJ dice que "las víctimas de maltrato no denuncian porque quieren que el Estado de Derecho sancione duramente a sus agresores, sino porque quieren que el Estado les separe de sus parejas, que consiga que no les vuelva a agredir física o psicologicamente y que desaparezcan de sus vidas. Las víctimas de maltrato no quieren, ni tan siquiera, que sus agresores vayan a la cárcel, lo que quieren es que no se les acerquen más". Esto explicaría muchas de las situaciones de "arrepentimiento" que se producen cuando el letrado o los jueces trasladan a las víctimas las consecuencias penales de la denuncia. Momento en el que "llegan a no querer declarar".

El Observatorio del CGPJ realiza sus propias estadísticas trimestrales contabilizando todos los casos judiciales sobre violencia de género. Estos informes consignan en un apartado propio las ocasiones en las que las mujeres deciden retirar las denuncias a sus presuntos agresores. En el primer trimestre del año fueron 4.150 las mujeres en España que habiendo denunciado rechazaron declarar contra sus parejas. Esto representa el 12,96% de las denuncias totales ese trimestre. En todo el ali 2015 la cifra de las mujeres que dieron un paso atrás alcanzó las 15.321, un 12,03% del total.

"Son muchos los casos en los que la víctima se acoge a su derecho a no declarar, niega los hechos, no ratifica la denuncia o solicita el alzamiento de alguna media cautelar adoptada", explica Carmona, quien lamenta que esta acción, un derecho que asiste a las mujeres por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "genera una buena parte de las sentencias absolutorias dictadas en materia de violencia de género".

En el observatorio específico de violencia de género de la judicatura defienden que existen "recursos más que suficientes" para que la víctima se sienta apoyada. Sin embargo, reconocen también que el procedimiento de denuncias "es arduo, complicado, difícil y a veces se convierte en un auténtico acto de heroísmo. El apoyo y acompañamiento institucional es absolutamente imprescindible", insiste Carmona.

Los jueces especialistas en violencia de género proponen una reforma legislativa de doble sentido: en primer lugar estableciendo que la dispensa de declarar contra alguien cercano no resulte de aplicación en los testigos que sean víctimas del delito y, en segundo lugar, que las mujeres que se retracten o declaren a favor del acusado no puedan ser perseguidas como autoras de un falso testimonio, para evitar una doble victimización.

La presidenta del Observatorio califica de "fallos del sistema" los asesinatos de las cinco mujeres que en 2016 habían retirado denuncias contra los hombres que las mataron. Carmona los lamenta porque con ellas  "no se consiguió transmitir seguridad y confianza suficiente para que la víctima continuara", ni se valoró oportunamente "el riesgo que la misma sufría". Y además, dice, "no se consiguió la condena del delincuente, lo que determinó esa sensación de impunidad que le lleva a provocar actos de más gravedad". De la máxima gravedad: asesinatos.