El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha asegurado este martes que se siente "plenamente legitimado" para seguir en su cargo en el Ejecutivo comunitario y que no ha incurrido "en ningún conflicto de intereses" y ha cumplido "escrupulosamente" el código de conducta.

"Mi actuación como comisario es intachable, (...) me siento plenamente legitimado para seguir en mi cargo", afirmó a los medios de comunicación al terminar su comparecencia, a puerta cerrada, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.

Arias Cañete respondió así ante los medios a la petición de varios grupos parlamentarios, entre ellos los socialistas, los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea y el Grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), que le instaron a dimitir.

En su comparecencia, en la que respondió a 29 preguntas centradas en casos como el de Acuamed, la presencia de su esposa, Micaela Domecq, en los papeles de Panamá y la mina de uranio proyectada en Salamanca, Arias Cañete se defendió ante los eurodiputados.

En el caso de Acuamed, Cañete afirmó que es "simplemente falso" que condonara una deuda de 40 millones a FCC, porque su "única intervención en el caso" fue el 24 de febrero de 2014 la "conveniencia de pedir un informe jurídico para que se pudiera conocer la base sólida que tenía la empresa para una mejor defensa de sus intereses".

"No he participado en ninguna negociación posterior", afirmó Arias Cañete, quien abandonó su cargo como ministro de Agricultura en abril de ese mismo año. El comisario dijo que "no es necesario" presentar los informes técnicos del Ministerio de Agricultura, puesto que "el secreto del sumario se ha levantado y los documentos que ya existen están disponibles".

Respecto a la presencia autorizada de su esposa en las cuentas de la compañía Rinconada Investments Group, una información filtrada en los papeles de Panamá, Arias Cañete afirmó que esta compañía estuvo activa hasta 2010, por lo que no incurrió "en ningún conflicto de intereses".

"Pude verificar que esta compañía y la cuenta que tenía mi mujer se había cancelado en 2010, como aparece en la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación", afirmó. Sobre el caso de la instalación de la mina en el municipio de Retortillo, el comisario defendió que "ha sido un procedimiento que ha seguido las reglas de tramitación del tratado Euratom por funcionarios absolutamente independientes".

"No ha habido instrucciones de ninguna especie y no he tenido ningún encuentro, ni yo ni nadie de mi gabinete, con el señor (Manuel) Lamela", afirmó Cañete, en relación a las supuestas gestiones que realizó el que fue su asesor en favor de la empresa Berkeley para que instalara una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

Por otro lado, Cañete defendió que durante su carrera política, en el sector privado ha presidido "dos compañías españolas", una en Ceuta y la otra en Gran Canaria, con socios en Holanda y "domicilio social en la Unión Europea (UE), lo que, en su opinión "en el mercado interior es una situación absolutamente normal".

"Tengo la conciencia absolutamente tranquila, he hecho la declaración de intereses perfectamente y estoy desarrollando las políticas que la UE necesita", subrayó. Sobre el formato de la comparecencia, a puerta cerrada por decisión de la Comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, afirmó que ha "aceptado una invitación" en los términos "que el Parlamento (Europeo) ha establecido".

"El Parlamento es soberano, he sido trece años parlamentario en esta casa y le tengo mucho cariño a esta institución, por lo que no tengo ningún problema en comparecer y siempre estoy dispuesto a hacerlo en el tiempo y forma que el Parlamento decida", afirmó Cañete, sobre la posibilidad de que los parlamentarios le pidan más explicaciones.

Las delegaciones del PSOE, IU y Podemos en el Parlamento Europeo han pedido la dimisión de Arias Cañete tras escuchar sus explicaciones, han criticado que la intervención se haya hecho a puerta cerrada y aseguran que el comisario rehuyó contestar a varias cuestiones.

La eurodiputada del PSOE Iratxe García dijo que su partido "le ha dicho a Cañete que dimita como comisario por el bien de la imagen de España en la UE", y que incluso pidieron al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que interceda para que Cañete deje el cargo.

García pidió discernir entre la responsabilidad penal y la política del comisario, quien, a su juicio, "no ha asumido" las consecuencias políticas de su implicación en varios casos. La eurodiputada socialista calificó de "inadmisible moralmente y políticamente" que la esposa de Cañete "se haya acogido a la amnistía fiscal".

El eurodiputado del PP Luis de Grandes recriminó a la europarlamentaria socialista haber revelado detalles de la intervención de Cañete e incurrir en "una transgresión absoluta", ya que las normas de la Eurocámara establecen que las intervenciones "in camera" (a puerta cerrada) "son secretas".

El europarlamentario popular percibió "acusaciones, amenazas y chantajes" durante las preguntas que los socialistas formularon a Cañete y calificó de "linchamiento" las acusaciones vertidas tanto a Cañete como a su esposa. De Grandes afirmó además sentirse "orgulloso" de la gestión de Arias Cañete en la cartera de Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea (CE).

Por otra parte, la eurodiputada de IU Paloma López exigió a la salida de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara la "dimisión inmediata" de Cañete, al considerar que "no puede seguir ocupando un cargo una persona que incide en este nivel de desafección hacia la política y los políticos". En una línea muy similar se manifestó el eurodiputado de Podemos Xabier Benito.

Por su parte, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun incidió en que Cañete "es el más alto cargo de la UE afectado por los papeles de Panamá", un caso "que ha costado dimisiones como la del primer ministro islandés" mientras que en Bruselas "nadie asume responsabilidades".