• ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS. La ley integral establece la creación de servicios de información y de atención, centros de emergencia en los que atender a las mujeres en un primer momento, y centros de recuperación integral.

Las víctimas podrán contar con ayudas económicas y asistencia jurídica. También se recogen medidas que permitan a las víctimas adaptar su jornada de trabajo a su situación.

• EDUCACIÓN. Fomentar el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en la escuela, a la que se dotará de materiales de enseñanza adecuados, además de proceder a la revisión de los libros de texto para evitar mensajes que contradigan este principio.
  

• ANUNCIOS. No es legal asociar el cuerpo femenino a un producto determinado. Las autoridades competentes pueden llegar a retirar un anuncio si lo consideran ofensivo.

• MEDIDAS JUDICIALES. Endurecimiento de penas para los agresores. De seis a un año de cárcel para las amenazas leves, además de la posibilidad de que el juez inhabilite al padre en el ejercicio de la patria potestad.

Para los casos de lesiones, la pena aumenta de dos a cinco años. Aparecen los Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares en todas las provincias, a los que se destinan las causas civiles y penales. Cada juzgado puede establecer las medidas de protección adecuadas para cada caso.

• NUEVOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Se creará una Delegación del Gobierno contra la violencia de género –con rango de Secretaría de Estado-, un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer y un Consejo Consultivo.