El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el reparto de 1,75 millones de euros entre las comunidades autónomas para complementar la atención sanitaria de los  refugiados del programa europeo de reubicación y reasentamiento.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La distribución de las cuantías fue acordada entre el Ejecutivo y las autonomías en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado abril.

El objetivo de esta partida es la financiación de actuaciones complementarias a la provisión de servicios sanitarios a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, que tienen derecho a atención sanitaria en España.

El reparto de los fondos, previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 correspondientes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se hace atendiendo al número de solicitantes de asilo que viven en cada comunidad autónoma en 2015 y que están reflejadas en la base de datos de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo el jueves, durante una reunión del Consejo de ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea (JAI), que en lo que queda de julio llegarán a España 200 refugiados del programa de reasentamiento.

En cuanto a la reubicación de refugiados que ya están en suelo comunitario, precisó que en breve llegarán a España otros 10 solicitantes de asilo, procedentes de Italia, mientras se tramita un ofrecimiento de 200 personas más.

Desde finales de 2015 hasta ahora, España ha acogido a 305 refugiados, 187 de ellos en el marco del programa de reubicación de la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Siria (147 han llegado de Grecia y 40 de Italia), y 118 dentro del programa de reasentamiento (57 provenían de Turquía y 61 de Líbano).

Dentro del programa de reubicación, España se ha comprometido con la UE a acoger a 15.888 personas que ya se encuentran en Europa hasta septiembre de 2017, de las que 9.323 vendrán desde Grecia e Italia y otras 6.565 de un origen aun no determinado.

España también ha asumido el compromiso de acoger a otras 1.449 personas en el periodo 2016-2017, dentro del programa de reasentamiento de refugiados ya reconocidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que procedan de terceros países como Turquía, Líbano y Jordania.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado al PSOE que él también dirigió Interior y le ha sugerido que pregunte a expertos en ese departamento si es útil una comisión parlamentaria de investigación para aclarar prácticas que se llevan a cabo en ese Ministerio.

Sáenz de Santamaría ha respondido así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en relación con la comisión de investigación en el Congreso que va a pedir el PSOE sobre las conversaciones entre el titular de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la agencia antifraude catalana Daniel de Alfonso y sobre la supuesta "operación Cataluña" diseñada por mandos policiales.

Respecto a las grabaciones de esas conversaciones, la vicepresidenta ha explicado que hay un procedimiento abierto y que no dispone de información adicional sobre algún avance de la investigación hasta que ésta concluya.

Sobre la comisión solicitada por los socialistas, Saénz de Santamaría ha indicado que el PSOE "puede anunciar todo tipo de comisiones" y ha instado a hacer una "reflexión importante de lo que piensa y espera en esta legislatura".

Según ha subrayado, el Ministerio del Interior ha contado con distintos máximos responsables tanto del PP y del PSOE y ha hecho un llamamiento a los socialistas para que, antes de pedir esas comisiones, "pregunte a los que tienen un gran conocimiento" de Interior para ver si una comisión parlamentaria es la "manera más útil" para investigar esos asuntos o es mejor que lo hagan órganos especializados.

Los socialistas han anunciado este viernes que su primera iniciativa en esta nueva legislatura será la petición de una comisión "sobre la vulneración del Estado de Derecho por parte de distintas instancias y cargos públicos del Ministerio del Interior".

El PSOE quiere que en esta comisión se investiguen las grabaciones de las conversaciones del ministro con el jefe de la agencia antifraude catalana "en las que supuestamente aparecen casos de espionaje político, se preconstruían pruebas contra rivales políticos y se relataban intentos de influir en la fiscalía y otros órganos judiciales".

Y reclamarán también que esa comisión investigue a algunos mandos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, entre los que fuentes socialistas citan al comisario José Manuel Villarejo, y que consideran están "relacionados con escuchas y practicas ilegales".