El Govern gestionará 1.800 viviendas cedidas por el BBVA para familias vulnerables con contratos de alquiler social de cinco años de duración, y como mínimo, la mitad de los pisos estarán vacíos en el momento de la cesión, ha explicado este lunes la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Viviendas, Meritxell Borràs.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la directora de BBVA en España, Cristina de Parias, han firmado el acuerdo por el que la Generalitat doblará el número de viviendas obtenidas con este sistema, que pasarán de las 1.860 actuales a 3.660.

El convenio prevé entregas de 300 viviendas cada seis meses -o antes si hay demanda urgente-, con una primera entrega "inmediata" de pisos situados en ciudades de alta necesidad de emergencia, y con alquileres que se fijarán en función de la renta familiar y podrá ser entre el 10% y el 18% de la renta, una vez los servicios sociales hayan evaluado la situación de la familia.

Como mínimo la mitad de las viviendas que se cederán estarán vacías, y el resto pueden encontrarse ocupadas, con personas afectadas por procesos de desahucio o por ocupantes irregulares: solo se cederán si los ocupantes tienen condiciones de vulnerabilidad que recoge la normativa -el acuerdo establece que no se desahucie a los habitantes vulnerables-.

La Mesa de emergencias de la Agència Catalana de l'Habitatge (ACH) coordinará la cesión -con entidades locales y servicios sociales-, que se iniciará en localidades como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Mataró, Sabadell, Terrassa (Barcelona), Tarragona, Reus (Tarragona), Lleida y Girona, entre otras.

Puigdemont ha aplaudido la cesión temporal y ha afirmado: "Este es un acuerdo contra la indiferencia. Contra la indiferencia de los 'excels', los balances, y las cuentas de explotación", que acredita la voluntad de solucionar los problemas en lugar de crearlos, ha asegurado, y ha agradecido a la entidad bancaria la sensibilidad.

Este acuerdo entre BBVA y Govern tendrá una duración de ocho años según ha explicado De Parias, y no excluye nuevas aportaciones o la renovación futura de la cesión, además de ser la mayor cesión temporal hecha hasta ahora a la Generalitat, que cuenta con 930 pisos conveniados con la Sareb, 400 con CatalunyaCaixa, 230 con Bankia, 200 con CaixaBank y 100 con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

El acuerdo está acompañado de un plan de acompañamiento social para mejorar la situación de las familias, y Borràs ha apuntado que se trata de un tratamiento "paliativo" ante una situación de emergencia que la Generalitat aborda con la voluntad de que no se cronifique y de resolver el problema a fondo, con políticas enfocadas a la creación de empleo y de salarios dignos.

La consellera ha lamentado que el impuesto de 11,3 millones por viviendas vacías que recaudaron a bancos y grandes inmobiliarias en marzo no podrá volverse a repetir, porque corresponde a los artículos de la Ley 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional que han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) tras el recurso del Gobierno central.