El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha instado este lunes a ETA a su desarme definitivo en un tope de un año y ha pedido al Gobierno español que comparta las propuestas del Ejecutivo vasco, especialmente sobre política penitenciaria.

Urkullu ha lanzado ambas propuestas en la conferencia inaugural que ha impartido en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en el marco de los cursos de veranos de la Universidad Complutense.

Un curso sobre propuestas de futuro para la convivencia en Euskadi que el lehendakari ha marcado con dos propuestas inminentes, el desarme definitivo de ETA y que los gobiernos vasco y español compartan propuestas para corto y medio plazo sobre víctimas, memoria, verdad y ámbito carcelario, entre cuyas medidas ha citado la transferencia de la política penitenciaria y el acercamiento de presos.

El fin de ETA, según ha destacado Urkullu, conllevaría un plan de entrega de arsenales verificable por instituciones españolas, francesas o europeas, no necesariamente por el Gobierno vasco, aunque el lehendakari ha subrayado el papel que podría jugar la Ertzaintza.

Ambas medidas, así como las propuestas del Plan de Paz del Ejecutivo vasco, algunas enfocadas a un plazo hasta 2020, forman parte de la llamada agenda vasca.

El lehendakari ha dejado claro, con todo, que el proceso "no está en manos sólo" de su Gobierno, pero también que hará todo cuánto esté en su mano para avanzar en él bajo el arco de influencia de tres actuaciones a realizar en un máximo de un año.

Primero, el desarme total de ETA; segundo, una nueva política penitenciaria que conste de 20 medidas concretas y que contribuya a instaurar "una normalidad penal", en lo que resultaría fundamental el traspaso de la competencia y el acercamiento de los presos a cerca de su domicilio familiar.

Como tercera actuación esencial ha remarcado el lehendakari llevar a cabo "una reflexión crítica sobre el pasado" dentro de dos premisas: la transparencia y la verdad.

Urkullu, por otro lado, ha indicado que todo lo que ha hecho su ejecutivo en la aplicación de su plan de paz, como forjar relaciones internacionales, ha sido puesto en conocimiento del Gobierno español, pues para él siempre ha sido esencial trabajar desde la lealtad.

Asimismo, ha considerado que algunas de estas propuestas entran en la responsabilidad de ETA y otras en la del Gobierno de Madrid, y a ambos les ha reprochado el "bloqueo" del proceso por sus posiciones.

Ello ha obligado al Ejecutivo vasco, según sus palabras, a moverse por la zona intermedia, apostando siempre por "un final ordenado de la violencia" en busca de un propósito nítido: "Un gran encuentro social" en Euskadi, algo que sí compete a todos los actores políticos e institucionales.