El Gobierno andaluz entiende en su escrito, consultado por Europa Press, que la existencia de estos pleitos en la AN, "anteriores" a los planteados ante el TSJA, podría causar litispendencia, con la consiguiente inadmisión de los recursos de Azata del Sol y de Azata Patrimonio contra la denegación de indemnización que en su día realizó la Junta, o, al menos, su prejudicialidad, y sostiene que los cuatro procedimientos tienen como base el mismo supuesto de hecho y que en ellos hay coincidencia de partes.

No obstante, cabe recordar que en las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional, la demanda de la promotora del hotel se dirige también, al margen de contra la Junta y el Ayuntamiento, contra la administración del Estado, y lo que se arguye para reclamar indemnización por daños y perjuicios es la fijación de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre de la franja litoral donde se levanta el inmueble en 100 metros, lo que fue avalado posteriormente por sentencia tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo (TS).

El Alto Tribunal andaluz ya ha resuelto a favor de la petición de la Junta en uno de los procedimientos al considerar que efectivamente existe prejudicialidad, si bien ha sido recurrido en súplica por Azata del Sol.

Mientras, en la otra causa ha resuelto dar traslado a las partes, esto es Azata Patrimonio y Ecologistas en Acción, para que digan si se oponen o, por el contrario, secundan la propuesta del Gobierno andaluz.

En ambos casos, las partes citadas se oponen a la suspensión. Por un lado, la promotora del hotel argumenta que los hechos que son enjuiciados ante la Audiencia Nacional son distintos y "muy diferentes" a los que se enjuician en el Alto Tribunal andaluz si bien ambos han producido "daños en el patrimonio" de la empresa que "esta no tiene el deber legal de soportar".

Añade que, en el caso del procedimiento cuya suspensión se pide, no está demandado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, sin embargo, sí tiene un papel "muy relevante" en la demanda ante la AN.

"La aprobación del deslinde de Costas y su zona de servidumbre de protección en el tramo que afecta al sector ST-1 -donde se asienta el hotel- en el año 2005 por parte del Ministerio no guarda ninguna relación con la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección que dicho sector tenía en la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994, por lo que no puede existir ni existe relación de causalidad entre la intervención del ministerio en el expediente de deslinde y los hecho que se están enjuiciando en este procedimiento", remarca la promotora.

ECOLOGISTAS SE OPONE A LA SUSPENSIÓN

Por su parte, Ecologistas en Acción se opone a la suspensión ya que asegura que no existe "litispendencia" y mantiene que las sentencias que ponga fin a los recursos seguidos ante la AN no serán "vinculantes para este procedimiento" ya que no se cumplen "los requisitos de cosa juzgada pues no hay identidad subjetiva, objetiva ni causal".

Recuerda que en los procesos ante el TSJA no comparece el ministerio mientras que el colectivo ecologista ni es parte en los que se siguen ante la AN y repite el argumento de Azata ya que, en uno se falla, sobre la servidumbre del dominio público y en otro sobre la protección ambiental que tenía el suelo en el momento en que se construyó el hotel. Concede, no obstante, que procedería la suspensión si se acordará votación y fallo sin que la AN se hubiese pronunciado todavía.

SIN FECHA PARA ENTRAR EN EL HOTEL A PERITAR

Se da la circunstancia de que la Junta ha pedido ahora la suspensión del procedimiento en el marco del que, hace unas dos semanas, el TSJA le autorizó a acceder al hotel con el objetivo de elaborar un informe pericial para responder a la demanda por daños y perjuicios. La Consejería de Medio Ambiente, sin embargo, aún no ha notificado a la sala ni sobre el nombre del perito, ni sobre las personas que lo acompañaran no sobre la fecha prevista de la visita.

Cabe recordar que Azata del Sol cuantifica en los procedimientos ante la AN la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, por "anormal funcionamiento", en 70.042.712 euros, cifra que incluye un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta "el daño moral, material y el descrédito empresarial" a la mercantil.