Un grupo de trabajadores públicos de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha entregado este martes a la Mesa del Parlament un escrito en el que se desmarcan de su director, Daniel de Alfonso, al que recuerdan que por ley está sujeto al deber de mantener en secreto la confidencialidad de sus investigaciones.

En el documento, este grupo de empleados públicos de Antifraude lamentan "profundamente" que el nombre y la reputación de una institución que por ley tiene el encargo de "preservar la transparencia y la integridad en el sector público de Catalunya" hayan resultado "comprometidos" tras las conversaciones divulgadas entre De Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Según las investigaciones del diario Público, De Alfonso tenía un plan perfectamente definido para tumbar a Artur Mas y apartarle del liderazgo de CDC.

"Pedimos que se distinga, a la hora de hacer la valoración (de estas conversaciones), entre la institución y la persona que, con carácter transitorio (nombrada por el Parlament a propuesta del Govern), ocupa la dirección", remarca el escrito.

En el documento, los trabajadores de Antifraude advierten a su director de que todo el personal de la Oficina ha firmado un compromiso de "confidencialidad y transparencia" y que su incumplimiento acarrea la exigencia de responsabilidades penales o administrativas, así como el deber de indemnizar a la entidad "en una cuantía equivalente al triple del salario bruto anual correspondiente al momento del incumplimiento".