Una de cada 11 familias vallisoletanas exige la devolución de su dinero del agua

Más de 10.000 personas, según la Federación de Vecinos , han presentado en el registro del Ayuntamiento su reclamación para pedir que les devuelvan la parte de los recibos del agua que se les cobró indebidamente entre 2001 y 2005.

Representan una de cada 11 familias vallisoletanas, ya que hay 109.281 hogares en la capital, según los últimos datos del INE.

Tanta reclamación es fruto de la campaña informativa que realizó la asociación de vecinos de La Rondilla, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia les diera la razón y considerara ilegal, tanto el cobro de los recibos como el decreto del alcalde y la ordenanza fiscal que lo permitían.

Devolución o juzgados

El plazo para reclamar la devolución termina en diciembre, pero la Federación de Vecinos ya ha pedido una reunión con el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, para conocer la posición del Ayuntamiento, si bien el alcalde ya manifestó anteriormente que «la sentencia es clara y se devolverá el dinero, si hay que devolverlo, pero sólo ha quienes lo reclamaron ante la Justicia», es decir, a los miembros de la Asociación Familiar Rondilla.

Han pasado ya casi seis meses y el Ayuntamiento no ha contestado a los ciudadanos, por lo que los vecinos entienden silencio administrativo, «dejaremos pasar el plazo de dos meses que marca la normativa para estudiar una denuncia colectiva», aseguró ayer su presidente, Ángel Bayón, a 20 minutos.

Las cantidades reclamadas varían en función de las familias y de su gasto, pero oscila entre los 60 y los 300 euros, lo que podría costar a las arcas municipales más de 25 millones de euros.

La batalla del agua

Agualid gestiona el abastecimiento y alcantarillado del agua desde 1997, junto con la recaudación. Desde 2001, también comenzó a cobrar las tarifas de depuración, aunque no las comenzó a gestionar hasta 2005, por lo que el TSJ considera que la empresa no está facultada para ello.

Es más, en las antiguas ordenanzas fiscales, alcantarillado y depuración se consideraban algo único y, por lo tanto, según el tribunal, no se deberían de cobrar en conceptos diferentes, como hizo el Ayuntamiento.