El titular del juzgado nº3 de Murcia, Antonio Alcázar, comenzó hoy la fase de instrucción de la querella presentada por el fiscal contra cinco altos cargos del Gobierno murciano, el alcalde de Águilas y un ex edil de esa localidad por la comisión de posibles delitos en el proceso de urbanización de La Zerrichera.
Alcázar ha citado hoy a declarar al matrimonio formado por Antonio Alvarado y Encarna Muñoz, que en la fecha que se cita en la denuncia -entre 2004 y 2006- eran directores generales de Calidad Ambiental y del Medio Natural, respectivamente.
Hoy han pasado a declarar tres ex altos cargos de la Consejería de Meedio Ambiente de la Comunidad de Murcia"
También está llamado hoy a prestar declaración Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma.
El titular del juzgado ha iniciado la fase de instrucción con la toma de declaraciones de los altos cargos de la antigua Consejería de Medio Ambiente, y el próximo jueves está prevista la de los responsables de la Consejería de Obras Públicas y del Ayuntamiento de Águilas, en cuyo término municipal se ubica la finca La Zerrichera.
El grupo inmobiliario Hispania pretendía construir en ese paraje, protegido por normativa europea, una urbanización de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, que presentó la querella a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación de las organizaciones Ecologistas en Acción y Anse, asiste a la toma de declaración de los imputados.
El PP tendrá que dar explicaciones en la Asamblea
Miembros del Gobierno murciano comparecerán ante el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, en fecha todavía por determinar, para informar, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre La Zerrichera (Aguilas), la desalinizadora de Torrevieja (Alicante) y la rambla de Los Dolores (Cartagena), según informaron fuentes parlamentarias.
Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista preguntó sobre las 'Razones por las que no se ha dirigido a la Generalitat Valenciana para que cesen definitivamente las trabas que está imponiendo esta Comunidad a la desalinizadora de Torrevieja', pidió una 'Valoración y actuaciones ante el auto de paralización de la orden por la que se aprobará la reclasificación urbanística del paraje de la Zerrichera en Aguilas' y se interesó por las 'Obras de acondicionamiento de la rambla de Los Dolores a su paso por Nueva Cartagena'.
Las solicitudes de comparecencia, admitidas a trámite, van dirigidas respectivamente al consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras; al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, José Ballesta; y al consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.
En relación a La Zerrichera también fue admitida a trámite una moción para defensa en Pleno presentada por la vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Teresa Rosique Rodríguez, sobre la 'Anulación de la orden del consejero de Obras Públicas, publicada en el BORM de 8 de marzo de 2006, que aprueba la reclasificación urbanística del paraje de la Zerrichera y la declaración de impacto ambiental'.
"De La Zerrichera sólo me he llevado disgustos"
Preguntado por su opinión sobre la decisión del TSJ de paralizar de forma cautelar la reclasificación urbanística del proyecto, matizó que la paralización cautelar la hizo él mismo en mayo pasado "porque no cumplía la declaración de impacto ambiental de la modificación puntual del Plan General, y además -subrayó- el auto del Tribunal reproduce mi paralización".
El ex director general aseguró que en La Zerrichera "no hay ninguna urbanización aprobada, sólo una modificación puntual de uso agrícola a urbanizable" del suelo.
Sobre la actuación del fiscal, Alvarado se limitó a reiterar que "hasta ahora había oídos políticos escuchando" su declaración, "no se puede aplicar la ley con carácter político y el fiscal es defensor de la legalidad. Aquí no se ha construido nada".
"Ahora voy a defender mi trabajo, mi honradez; cuando todo esto termine, porque este tema tendrá un largo recorrido, haremos lo que tengamos que hacer; alguien deberá decir algo. Como funcionario público también se pueden cometer otro tipo de delitos, como prevaricación, acusaciones o denuncias falsas...", señaló.
Alvarado, que aseguró que no se le ha informado de cuál o cuáles de los cinco delitos de la querella se le imputan, afirmó que para que haya cohecho "alguien tiene que llevarse el dinero". "Habrá que preguntar al fiscal a quién le imputa el cohecho", añadió.
Para que haya cohecho, alguien tiene que llevarse dinero y yo voy a defender mi trabajo y mi honestidad"
Antes de declarar Alvarado lo hizo la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz, quien tras su comparecencia aseguró que todas las actuaciones realizadas como responsable de ese departamento se "ajustaron a Derecho".
"Después de siete meses, tengo confianza plena en la Justicia; he podido aclarar ante su señoría las actuaciones que se hicieron en la dirección general de Medio Natural", dijo Muñoz, quien confió en que a partir de ahora se vea libre de "juicios paralelos".
Encarna Muñoz fue directora general de Medio Natural entre el 14 de octubre de 2004 y el 29 de abril de 2006.
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