La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta siete años y medio de cárcel a una trama de funcionarios de prisiones y policías locales corruptos a las órdenes de un narco, que también está siendo investigado por pagar presuntamente sobornos a un mosso en el llamado "caso Macedonia".

En su sentencia, la Audiencia condena a los siete procesados -entre los que figuran dos policías locales y dos funcionarios de prisiones- a penas que oscilan entre los dos y los siete años y medio de cárcel por intentar introducir droga en la celda de un preso para perjudicarle y por facilitar información que obtenían por su condición de agentes de la autoridad.

Entre los condenados a siete años y medio de prisión figura Manuel B., que también forma parte de la red de presuntos narcos que está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona por pagar supuestamente sobornos al subinspector de la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) José R. a cambio de colaboración.

La investigación del caso, conocido como "Macedonia", acabó derivando en la imputación de otros seis mossos d'esquadra, entre ellos el subinspector Antoni S., acusados de ocultar al juez indicios que vinculaban con el tráfico de drogas a Manuel G.C., que el magistrado sitúa en la cúspide de la red de narcos.

En su sentencia, que ha avanzado El Periódico, la sección octava de la Audiencia sostiene que en agosto de 2010 Manuel B. contactó con el funcionario de prisiones Alfonso C., que se encontraba de baja por enfermedad desde 2009, para que a cambio de dinero ideara un plan para introducir un paquete de droga en la celda de un interno de la cárcel de Brians I.

Con esa artimaña, añade la Audiencia, la red pretendía que el preso fuera privado de permisos penitenciarios y condenado por tráfico de drogas dentro de la cárcel, aunque la investigación no ha podido constatar que se haya abierto expediente alguno al recluso por intervención de estupefacientes.

Alfonso C. contactó con los también funcionarios de prisiones José Ramón F. -exsecretario general del sindicato CSIF en Cataluña- y Clemente P., para que colocaran la droga aprovechando la facilidad de movimientos que les daba su trabajo, lo que el tribunal cree probado en base a las conversaciones telefónicas intervenidas.

La sentencia condena además a dos policías locales de Badalona, (Barcelona), Javier S. y Jaime G., por cobrar 500 euros cada uno a cambio de efectuar gestiones para identificar a dos individuos a los que la red de narcos quería localizar.

Los procesados se hicieron pasar por policías de inmigración y mostraron fichas policiales extraídas de los ficheros del SIP a la propietaria de una panadería de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para sacarle información sobre las personas que buscaban, tras fingir que buscaban a un individuo peligroso.