El jefe del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que son la Asesoría Xurídica y "los letrados de la Xunta" los que deciden "en qué casos (judiciales), ante quién y contra quién" se persona la Administración autonómica y ha incidido en que "una cosa es perder la confianza" en un funcionario "y resolverle el contrato", y otra "interpretar que hay responsabilidad penal".

Lo ha manifestado tras ser preguntado acerca de la postura de la Xunta en determinados casos que están en los tribunales y que afectan a la Administración tales como el de la Fundación Cela o la 'Operación Campeón'.

En la segunda, se investigó un supuesto fraude en ayudas y subvenciones del Igape -con exaltos cargos de este instituto de crédito dependiente de la Xunta y un exdiputado del PP, entre otros, como acusados- y que tiene como principal implicado al considerado jefe de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo.

Esta semana se decretó la apertura de juicio oral en la misma y la Xunta, de la que depende el Igape, no formula acusación contra los dos exaltos cargos nombrados durante el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo, así como tampoco lo hace contra el exdiputado popular Pablo Cobián, quien dejó su escaño en el Parlamento al trascender la investigación.

En esta coyuntura, Feijóo se ha remitido a la Asesoría Xurídica y ha defendido que este órgano le merece "todo su respeto por el número de pleitos que gana, por la defensa de los intereses de Galicia, por el número de indemnizaciones que está evitando y por las cantidades de dinero que está recuperando". "Es la que fija los criterios de defensa", ha esgrimido.

"A VECES NOS PERSONAMOS Y OTRAS NO"

Dicho esto, ha apuntado que, cuando el Gobierno gallego entiende que "alguien atenta contra el dinero público" se persona, pero también

ha matizado que a veces no actúa contra funcionarios que, por su labor, pueden verse "envueltos" en una determinada trama, pero sin "intencionalidad". "A veces sí (actúa), por supuesto", ha esgrimido.

"Una cosa es perder la confianza en un funcionario y resolverle el contrato de trabajo y otra cosa es entender o interpretar que hay responsabilidad penal en su falta de diligencia. Son los letrados de la Xunta los que nos indican en qué casos tenemos que personarnos, ante quién y contra quién. Y normalmente suelen acertar en la inmensa mayoría de los casos", ha aclarado el presidente.