Martín ha explicado a Europa Press que la medida impulsada por el Ministerio cuando estaba comandado por José Ignacio Wert establecía como mecanismo de compensación "una aportación de cinco millones de euros a los autores", suprimiendo así el anterior sistema del Gobierno socialista de gravar los aparatos electrónicos reproductores, lo que según sus cálculos repercutía en 115 millones a los creadores intelectuales.

De esta manera, el nuevo modelo ahora tumbado por el tribunal europeo "quitaba 110 millones de euros" al año a los autores, cifra que ahora tendrá que ser repuesta por cuatro anualidades, dinero que "saldrá de las arcas públicas".

"La sentencia está clara. Dice que el último año antes de entrar en vigor el nuevo sistema se liquidaban 115 millones para los autores y de golpe se cambió injustamente a cinco a cargo de todos los españoles", ha aclarado.

Martín ha aprovechado para recordar que dentro del programa electoral del PSOE se recoge al respecto volver al anterior sistema pero "rectificándolo" a tenor de otra sentencia europea que daba validez a este modelo pero aconsejaba realizar una tabla de precios para calcular qué gravamen particular se podía aplicar en cada uno de los aparatos reproductores.

"El PP se doblegó a los intereses de las empresas y se saltaron la presunción de inocencia para instaurar la presunción de pirata de todos los ciudadanos", ha sentenciado.

SENTENCIA DEL TUE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que es ilegal que la compensación por la copia privada destinada a los autores de la obra sea financiada por los presupuestos generales, como establece el canon digital español introducido en 2012, y no por los usuarios de la copia.

En su pronunciamiento, la sala europea ha valorado que el sistema español "no garantiza que el coste de la compensación equitativa sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

La normativa comunitaria prevé que los Estados miembros pueden introducir excepciones al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras, por ejemplo mediante una "excepción de copia privada" que incluya una "compensación equitativa".

Desde 2012, el canon digital por copia privada se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que el importe se fija anualmente, "dentro de los límites presupuestarios" establecidos para cada ejercicio.

Varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, entre ellas Egeda y la SGAE llevaron la medida al Tribunal Supremo, que ha peguntado al TUE si la norma es compatible con las reglas de la Unión Europea.

En su sentencia de este miércoles, el TUE ha declarado que la directiva comunitaria "se opone" al nuevo canon digital español, porque "no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas".