Están aquí, en nuestras ciudades, en nuestras calles, pero no los vemos o no los queremos ver. Son niños, el eslabón más débil de la cadena, los más vulnerables dentro de la cara más negra de la actual crisis migratoria que vive Europa, la más grave desde la II Guerra Mundial. Aquellos que, ya sea por hambre, por abusos o por la guerra, huyen de sus países en busca de una vida que, en demasiadas ocasiones, no encuentran. Niños invisibles, sin infancia, con necesidades y derechos que la legislación reconoce, pero a quienes no se atiende.

A ellos ha dedicado la organización internacional Save The Children su último informe, Infancias Invisibles, en el que constata que en los flujos migratorios hay cada vez más menores. Del 2000 al 2015, los migrantes con menos de 4 años aumentaron en un 41% en todo el mundo. Solo el año pasado, 25 millones tenían menos de 15 años, y casi 16 no llegaban a los 11.

Pese a las cifras, la organización denuncia que el debate de la inmigración apenas incluye la perspectiva de la infancia, por lo que estos niños son invisibilizados y olvidados. En el caso de España, concluye que ni el Estado ni las comunidades autónomas, a pesar de sus obligaciones legales, protegen como deberían a tres grupos de menores migrantes especialmente vulnerables: las víctimas de trata con fines de explotación sexual, los niños que viajan solos sin nadie que les cuide (conocidos como menores extranjeros no acompañados), y lo que se define como infancia refugiada (niños y niñas solicitantes de asilo).

"El Estado español no está cumpliendo con sus obligaciones legales respecto a estos grupos; está vulnerando algunos de sus derechos tanto por acción como por omisión. Se antepone su condición de inmigrantes a la de menores de edad, y existen contradicciones entre las leyes y prácticas dirigidas a controlar los flujos migratorios y las que tienen como fin proteger a niños y niñas", afirman desde Save The Children.

Respecto a los pertenencientes al primer grupo, los menores víctimas de trata con fines de explotación sexual, el principal problema según el informe, es que permanecen sin ser identificadas. Aunque se anuncien cada día en los periódicos y se las vea por las calles, la policía localizó apenas a 17 niñas en 2014. Sin embargo, se calcula que en España hay unas 45.000 víctimas entre adultas y menores de edad. "No es solo que los proxenetas y explotadores oculten a estas menores, es que el sistema de protección y mecanismos del Estado español para encontrarlas y protegerlas tienes defectos que hacen aún más difícil llegar a ellas", explica.

Por ejemplo, según el Convenio del onsejo de Europa de 2005, ante la duda de si una víctima de trata es menor de edad, se la debe tratar como tal. Sin embargo, la Administración española tiende a presuponer que son adultas, sin tener en cuenta que muchas mienten obligadas o por miedo, y no realizan las pruebas pertinentes. El actual protocolo permite, además, que el Fiscal de menores decrete la edad de una persona sin haberla visto, con lo que los indicios de que una niña ha sido explotada sexualmente pasan desapercibidos. Solo salen a la luz los casos en los que las menores, desprotegidas y sin información, se atreven a denunciarlo.

El otro gran problema, además de la identificación, es la protección insuficiente e inadecuada que se brinda a estas niñas y adolescentes, porque no existen recursos especializados para víctimas de trata menores de edad. La gran mayoría de las personas que se cruzan con estas niñas no tienen la formación necesaria para detectar los indicios, con lo que son invisibles para casi todo el mundo, excepto los explotadores. "No se las aleja de las garras de los explotadores, que saben dónde están y sólo tienen que reactivar sus mecanismos de control para volver a explotarlas. Algunas de estas mujeres y niñas tienen hijos e hijas, afectados por cómo son explotadas sus madres, y totalmente invisibles para la Administración", reza el texto.

En 2014, 3.360 menores extranjeros no acompañados (MENA) fueron tutelados por el Estado español, casi un 30% más que un año antes. Llegan solos, sin nadie que les cuide, de paso o para quedarse. A veces para salvar la propia vida, otras para evitar un matrimonio forzado, o simplemente en busca de una educación y una vida digna. En el momento en que se les detecta, el Estado tiene la obligación de protegerles, de ser su tutor legal y de garantizar su educación y desarrollo. Sin embargo, se les trata antes como extranjeros que como niños. Prueba de ello es que muchos de los organismos encargados de tomar decisiones acerca de estos menores no son los relacionados con la infancia, sino aquellos que se encargan de asuntos migratorios.

Se les ponen trabas burocráticas para recibir educación, para trabajar, para obtener la tutela y protección e, incluso, para denunciar las violaciones de derechos a las que son sometidos. En los casos extremos, la Administración, a través de pruebas "altamente ineficaces", determina que son mayores de edad, aunque su documentación en regla diga lo contrario. El resultado es un limbo en el que no se les protege porque son considerados adultos, pero para todo lo demás son menores de edad sin representante legal, con lo que no pueden empadronarse, ni obtener la tarjeta sanitaria, ni cursar estudios o titularse. Sin opciones, se ven abocados a la calle y a sobrevivir como pueden, casi siempre en condiciones de exclusión e indigencia.

A los que sí son tutelados por las comunidades autónomas, se les facilita una educación deficiente, condenándolos a una formación pobre que limitará su vida. Tampoco pueden trabajar en las mismas condiciones que los niños españoles mayores de 16 años, lo que viola la Convención sobre los Derechos del Niño. Al cumplir los 18 años se les abandona a su suerte, sin apoyos, y en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho, lo que les impide seguir adelante. Es lo que Save The children define como "patada en el trasero".

El informe concluye que en España, en el caso de los MENA, "hay una sistemática falta de garantías que les permitan ejercer sus derechos", algo que se traduce, por ejemplo, en la ausencia de abogados cuando se determina su edad o cuando quieren denunciar algún delito contra su persona o la violación de algún derecho. La organización hace una mención especial a la situación de los menores extranjeros solos en Melilla. "Hay un grupo de entre 20 y 60 niños" que viven en la calle, completamente desprotegidos y a los que no se hace nigún seguimiento. De vez en cuando muere alguno ahogado cuando tratan de colarse como polizones en un barco rumbo a la península.

El tercer grupo de menores especialmente desprotegido en España es el de los refugiados. En 2015, 14.600 personas solicitaron asilo en nuestro país huyendo de guerras o persecuciones y de ellos 3.754 eran niños. Pero el sistema de acogida español, que no ha incorporado las últimas directivas europeas sobre la materia, no cumple con los estándares europeos y no está preparado para atender sus necesidades. El resultado es que menores que han vivido situaciones especialmente dramáticas y sus familias, que lo han perdido todo, tienen que afrontar esperas de meses mientras sus solicitudes se tramitan, sin que sus padres puedan buscar trabajo.

Entretanto, las ayudas para la integración o el apoyo psicológico son mínimas, los alojamientos no son apropiados y, muchas veces, las familias se vean obligadas a separarse por distintas razones y no se facilita que niños y niñas se reúnan con sus padres o familiares. "Nuestro país no parece comprender las necesidades y sufrimientos de niños y niñas refugiados", afirman desde la ONG.

Muchas familias sirias deciden entrar en Europa a través de Melilla para no arriesgar sus vidas en el mar, pero los peligros que encuentran son otros: cruzar varios países en situación irregular, sin recursos y sin educación para sus hijos. Para poder atravesar la frontera marroquí tienen que recurrir a las mafias y se ven casi siempre obligados a entrar por separado, lo que supone un peligro añadido para los niños. Una vez han llegado a la península, los trámites para la obtención del asilo se alargan durante meses, lo que dificulta que puedan reunirse con sus familiares. Además, no hay personal especializado y con formación en infancia entre los policías y los instructores de solicitudes de asilo, lo que impide detectar las necesidades de los niños, que no son escuchados ni informados.

En definitiva, un rosario de violaciones de derechos, desprotección y agravios procedentes de las propias leyes o, sobre todo, de cómo se aplican, ya que en teoría la ley garantiza la protección de estos menores frente a toda forma de violencia, acceso a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones básicas en las mismas condiciones que los españoles. "Europa y sus Estados miembros, entre ellos España, se han olvidado de que estamos hablando de niños, por encima de vallas o fronteras", denuncia Andrés Conde, director general de Save the Children, para quien el mayor peligro que afrontan estos menores es, tras el horror, la invisibilidad y el olvido.