Las salas de lo Social y Contencioso del TSJCyL reiteran su petición de aplazar a septiembre la 'Justicia Digital'

  • Los presidentes de la Sala de lo Social y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, Gabriel Coullaut y Ana Martínez Olalla, respectivamente, han reiterado hoy su petición del ministro del ramo en funciones, Rafael Catalá, de aplazar al mes de septiembre, al menos, la implantación de la llamada 'Justicia Digital'.

La citada solicitud, tras el encuentro mantenido por ambos representantes con magistrados de ambas salas, no es sino un nuevo toque de atención de los dos órganos de Justicia en la línea de lo planteado hace ya unos días a la Sala de Gobierno del TSJCyL y que llevó a esta última a elevar la reivindicación al propio departamento de Catalá, según informan fuentes del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés.

Ahora, las dos salas con sede en Valladolid recuerdan, a través de un comunicado, que el Poder Judicial es un poder del Estado y es independiente, como resulta del artículo 117 de la Constitución, así como que los medios técnicos puestos por la Administración de Justicia están al servicio del Poder Judicial y no al revés.

Por ello, tildan de "inaceptable" que se señale por el secretario

coordinador provincial que los documentos que se encuentren en los ordenadores como en "acontecimientos en borrador" con una antigüedad superior a diez días pasen al estado "definitivos", con olvido de que las sentencias y demás resoluciones judiciales-advierten-pueden ser modificadas antes de ser firmadas, como resulta de lo dispuesto en los

arts. 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras apuntar que no se oponen a la utilización de los medios técnicos puestos por el Ministerio de Justicia en la medida en que puedan redundar en un mejor funcionamiento de la función jurisdiccional que corresponde a jueces y magistrados, los presidentes de ambas salas aseguran no comprender la premura para su implantación por la "vía de los hechos".

Y es que, como así critican, no consta resolución administrativa que se haya comunicado a los magistrados afectados, a pesar de haberse solicitado, y se incurre en un olvido del Acuerdo de la Sala de Gobierno de ese Tribunal Superior de Justicia, de 30 de mayo de 2016, de que, ante las deficiencias observadas en el sistema, se retrase la implantación del proyecto de 'Justicia Digital' en la Sala de lo Contencioso-administrativo y en la Sala de lo Social, ambas con sede en Valladolid, hasta, al menos, los primeros días de septiembre del presente año, siempre que en esa fecha se hayan solventado las dificultades detectadas.

Por ello, piden que se dé cuenta de este comunicado al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a los efectos

oportunos.

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