El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el amparo que solicitaron el pasado mes de noviembre C's, el PSC y el PP en Cataluña contra la tramitación en el Parlament de la propuesta de resolución independentista de JxSí y la CUP, han señalado fuentes de este órgano. Se consideran vulnerados los derechos de los diputados.

El recurso se interpuso el pasado 4 de noviembre por los líderes de Ciudadanos, el PSC y el PP en Cataluña, Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol, respectivamente, quienes acudieron para presentar sendos recursos de amparo contra la tramitación en el Parlament de la propuesta de resolución antes de que algunos grupos, como el popular, se hubieran constituido formalmente.

Según ha informado el tribunal de garantías el Pleno ha aprobado por unanimidad las tres sentencias que estiman de forma parcial cada uno de los tres recursos presentados contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que rechazó los escritos de reconsideración contra la admisión a trámite de la propuesta independentista, al entender que con esta decisión vulneró los derechos de los diputados que reclamaban dicha reconsideración.

Pese a admitir este asunto para estudiar el fondo, el tribunal de garantías no acogió la petición de medida cautelar instada entonces por Ciudadanos y el PP de dejar en suspenso el trámite con el fin de evitar que llegara a producirse el debate de la propuesta independentista.

El PSC no solicitó la suspensión porque no existía ningún precedente de medida cautelar en un recurso contra decisiones de Parlamentos, y creyó, como finalmente ocurrió, que tal petición estaba abocada al fracaso.

Además, según los recurrentes los acuerdos parlamentarios adoptados por los partidos que impulsan la ruptura de Cataluña con España atentaban además contra el orden constitucional y la democracia, por lo que no cabía darles validez.

El Govern ha aprobado este martes personarse en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra artículos y disposiciones de la ley catalana para afrontar la situación de emergencia habitacional y la pobreza energética.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, ha recordado que en su día la Generalitat ya criticó que impugnar la ley era una decisión política y no jurídica que "dejaba expuestas a muchas personas vulnerables" a las que la norma pretendía atender.

Además, el Govern ya trabaja junto con entidades sociales y municipalistas en la elaboración de una nueva ley de emergencia social que permita sortear la impugnación de ley aprobada por el Parlament.