La introducción de las tecnologías en nuestra vida diaria ha favorecido la interacción con nuestros seres queridos, el acceso a información antes desconocida y —a la empresas— la globalización de sus actividades a rincones del planeta donde antes no llegaban. Pero dibujado el nuevo camino, el delincuente se adapta al nuevo trazado. Y palabras como phising, carding, o cyberbullying, empiezan a ser parte del paisaje digital en los últimos años.

La ciberdelincuencia ha crecido un 210% en apenas tres años, según los datos que recoge la Fiscalía General del Estado en su Memoria 2015, la última disponible antes de la disponible con la apertura del nuevo curso judicial, en septiembre. De los 6.533 procedimientos judiciales por ciberdelitos incoados en 2011 se pasó tres años después a 20.534 trámites. Solo en ese último año para los que el ministerio fiscal publica cifras, el crecimiento fue del 71%.

Estas cifras fueron debatidas este martes en la III Jornada Habeas Data y Delitos Informáticos, organizada por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y que contó con la presencia de Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado. Madrigal avanzó que en 2015 se superaron los 22.500 expedientes, un dato que se oficializará en la Memoria 2016, en septiembre, con el inicio del curso judicial.

El juez Eloy Velasco, que acudió a la jornada, fue crítico con la reforma procesal. "Es imposible de cumplir, es como querer curar gripes en 5 días", dijo el magistrado sobre la limitación de plazos de instrucción. Policía y Guardia Civil coincidieron en que "el cibercrimen es complejo" y en que las pesquisas se pueden alargar hasta "un año", según Silvia Barrera, jefa policial de la Unidad Tecnológica.

"La cifra negra de criminalidad en este ámbito es incuestionablemente alta y especialmente en determinadas manifestaciones criminales, como los daños informáticos o los accesos ilegales a sistemas, en los que las denuncias –por desconocimiento, falta de confianza en el sistema o interés en proteger la propia reputación– son todavía llamativamente escasas", asegura la Fiscalía en su última memoria anual, que indica también el reto de trazar unos delitos que en ocasiones se producen fuera de nuestro país, lo que "dificulta extraordinariamente su identificación y enjuiciamiento".

1. Estafas (84%). Es el delito más habitual practicado a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación. El 84% de los procedimientos incoados (17.328 de un total de 20.534) correspondieron en 2014 a denuncias por estafa, tres puntos más que un año antes. "La cifra de puede ser mayor", explica a 20minutos Marcos Judel, vicepresidente de la APEP; "mucha gente se siente avergonzada por haber sido estafada y no lo denuncia; por ejemplo, llama la atencion que la gente siga cayendo con el phising". Las estafas pueden ser de cinco tipos: phising (robo de datos bancarios para transferencias fraudulentas; un delito que desciende, según la fiscalía, por la "implementación de nuevas medidas de seguridad" por las entidades financieras y el crecimiento de las denuncias); carding (uso irregular de tarjetas de crédito); ventas fraudulenta por Internet; contrataciones de servicios telefónicos sin consentimiento; y fraude en el juego on-line.

2. Injurias, amenazas y coacciones (5%). La Fiscalía incluye entre estos delitos cualquier tipo de conducta que incida en la intimidad, libertad, integridad moral y honor de las personas. Unos comportamientos delicitivos de uso "creciente" (1.038 expedientes, un 5,05% del total) y que se hallan en un número cada vez mayor a través de comentarios ofensivos en foros y redes sociales. "En ocasiones, además, dirigidos a personas perfectamente determinadas a las que se quiere humillar, acosar, amenazar y desprestigiar públicamente, causándoles un grave daño moral", explica el ministerio fiscal. La Fiscalía, además, apunta que los jóvenes, como principales usuarios de las nuevas tecnologías, no solo son las víctimas en los delitos contra la integridad moral, sino que también en muchas ocasiones cometen los delitos por estos medios para amplificar su efecto sobre las víctimas. "Por salto generacional, algunos padres no saben explicarles lo que está bien y mal en las redes", apunta Judel.

3. Revelación de secretos y accesos sin autorización (4%). Suponen 858 procedimientos (el 4,17% del total) y su aumento ha sido "significativo", según la Fiscalía. Dentro de esta tipología, las investigaciones por acceso ilegal a sistemas (297 casos) —por ejemplo, uso no autorizado de cuentas de correo o suplantaciones de identidad en las redes sociales— repuntan hasta un 60% en una tendencia alcista desde que se comenzaron a medir las denuncias por ciberdelitos.

4. Acoso, corrupción y porno de menores (3%). En 2014 se incoaron 641 procedimientos judiciales procedentes de denuncias por acoso a menores de 13 años (60 casos) y por pornografía y corrupción de menores o discapacitados (581). La fiscalía asegura que pese a que este tipo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores creció un 3,12% en ese último ejercicio para el que se tienen datos, "se viene observando una tendencia claramente descendente", ya que desde los 818 procedimientos en 2011 se ha pasado en tres años a esos 641 de 2014, que apenas suponen un 3,12% del total. ¿Significa eso que han disminuido los delitos cometidos de esta tipología? Según la Fiscalía, todo lo contrario. La generalización del uso de las nuevas tecnologías  ha potenciado estas conductas y los ciudadanos tiene mayor acceso al material, solo que, según el ministerio fiscal, se ha abandonado el uso de redes P2P fácilmente rastreables por la Policía para compartir al pornografía infantil en "redes y foros privados en los que la posibilidad de penetración de los investigadores es muy limitada, apps como WhatsApp y Skype o almacenamiento en nube. Es decir, que se incoan menos procedimientos por estos delitos contra los menores, pero más por una dificultad en detectarlos... que porque no se produzcan.

5. Daños y sabotaje informático (0,7%). Los 143 casos registrados de esta tipología en 2014  implican un alza del 70% respecto al año anterior, siguiendo la tendencia creciente desde 2011. Sin embargo, su peso es "llamativamente bajo" para la fiscalía, algo que califica de extraño por el número de ciberataques que reportan los organismos públicos y privados. El ministerio fiscal cree que se corregirá fomentando la presentación de denuncias.

El resto de ciberdelitos identificados por la Fiscalía en su última memoria de actividades de 2015 fueron los 156 procedimiento por falsificación documental, los 117 expedientes incoados por suplantaciones de identidad ,  los 58 (un 80% más) que atentan contra la propiedad intelectual —por ejemplo, por delitos como la publicación de enlaces hacia contenidos protegidos—, y los 30 procedimientos por apología o incitación a la discriminación —delitos de odio o justificación del genocidio, que crecieron un 114%—.