La iniciativa ha sido apoyada por unanimidad y también solicita al Gobierno de la nación el cumplimiento "íntegro" del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018 acordado por el Ministerio de Industria, los sindicatos mineros y los empresarios "con la puesta en marcha de las ayudas contempladas en lo referente al desarrollo alternativo de las comarcas mineras y la elaboración de un plan de reindustrialización".

Al Gobierno de Aragón las Cortes le reclaman realizar la auditoría y evaluación de los fondos MINER en la Comunidad "con el objeto de mejorar su gestión, así como optimizar los resultados y el destino de los mismos" y elaborar de forma urgente el Plan de desarrollo sostenible de las zonas mineras.

Este deberá realizarse con la participación de los agentes sociales, económicos y políticos y establecer líneas de apoyo, objetivos y plazos concretos para promover un modelo productivo sostenible "que permita crear alternativas de desarrollo y reindustrialización en las comarcas mineras".

La moción añade que si como resultado de este plan de desarrollo resulta pertinente, con la participación de los agentes políticos y sociales, "se revisen los criterios en base a las zonas que reciben ayudas, para aumentar su eficacia y que se inste al Gobierno de España a modificar estos criterios con las conclusiones que de este plan se determinen".

POSIBILIDADES DE FUTURO

El diputado de Podemos Román Sierra ha asegurado que han buscado "el mayor consenso", a pesar de que "existen diferencias en como enfocamos este tema" con el objetivo de "poder seguir trabajando y buscando alternativas y posibilidades de futuro al sector y las zonas mineras e Aragón".

Igualmente, ha defendido la auditoría para "detectar los errores" ya que "se han invertido muchos millones de euros para obtener una diversificación económica y no se ha conseguido" y "no podemos permitirnos volver caer" en la misma situación por "la gente del territorio".

El diputado del PP, Fernando Galve, ha enfatizado que "el carbón tiene futuro y, sino, lo tendrá, pero hay que conseguir una combustión más limpia y respetuosa con el medio ambiente", para apuntar que "no tengo ningún problema en decir que el Gobierno de España no ha sabido frenar el cierre de las minas, pero también hay que decir quién firmó el acuerdo en 2010 que contempla ese cierre", ha dicho en referencia al PSOE.

La diputada del PSOE, Julia Vicente, le ha respondido que fueron "los gobiernos socialistas de Aragón y España quienes lograron prolongar la vida útil hasta 2018" cuando que inicialmente acaba en 2014 y si el PP "solo hubiera hecho lo mismo, ahora estaríamos hablando de otra cosa", para remarcar el decreto aprobado también por un Ejecutivos de su partido "que permitiría el apoyo al carbón autóctono y creía en la reserva estratégica que tenemos de ese mineral autóctono".

El portavoz del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, ha advertido de que las ayudas a la minería han sido fiscalizadas por todas las Administraciones "y comprobada la creación de empleo e inversiones con auditorías", para subrayar la "implicación brutal", tanto de sindicatos, como de empresas, ayuntamientos e incluso de la Diputación Provincial de Teruel, actuando con "democracia y participación" y ha opinado que en este debate lo más importante es "la unanimidad para exigir al Gobierno de España el apoyo a la minería del carbón".

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha sostenido que "por fin" Podemos manifiesta apoyo a la minería, algo "imprescindible" porque la economía de esas comarcas "está en peligro", para coincidir en la necesidad de la unanimidad.

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido por el grupo mixto, ha manifestado que "el Gobierno de la nación se tiene que implicar de forma seria y clara en el apoyo a las cuencas mineras", una actividad que "no se puede cortar en seco", si bien las últimas noticias "son malas" y ha reclamado medidas para "garantizar el empleo y que la ciudadanía se pueda quedar a vivir y tener un futuro en su lugar".