La probabilidad de que aumente la bolsa de la exclusión social en España es "tremendamente elevada" a pesar del crecimiento económico, según Cáritas. Es una de las conclusiones del informe 'Análisis y perspectivas 2016', presentado este jueves en Madrid.

Guillermo Fernández, miembro del comité técnico de la Fundación Foessa ha explicado que "en periodos de recesión económica, la pobreza aumenta rápidamente, pero cuando crece la economía no desciende en la misma medida o, incluso, permanece estancada".

El análisis de la desigualdad, la pobreza y el desempleo de Cáritas muestra "una España a dos velocidades" y refleja que la crisis ha generado un proceso de divergencia entre las distintas comunidades autónomas.

Las diferencias en el eje norte-sur no sólo se mantienen, sino que tienden a aumentar: mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y las Islas Baleares se encontrarían en peor situación ante una eventual salida de la crisis, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se encontrarían en mejor situación, desde el punto de vista de la pobreza, la desigualdad y el desempleo más grave.

El informe destaca cómo "los ingresos de los hogares han caído espectacularmente desde el primer impacto de la crisis, con una reducción que supera el 10%". Las Comunidades con mayor renta media inicial experimentan las menores caídas, de manera que aunque las posiciones relativas en el ranking se mantienen casi constantes, las diferencias entre regiones aumentan en este período.

El descenso de la renta media es general en todas la regiones, excepto en Galicia, aunque el efecto no se ha repartido de la misma manera. Así, la renta ha sufrido elevadas caídas en Andalucía (-21,3%), Cantabria (-19,5%), otras regiones como Aragón o La Rioja tan solo han perdido un 0,9% de ingreso.

En sus posiciones, por tanto Andalucía ha pasado del puesto 14 en nivel de renta en 2009 al 17 en 2015. Mientras tanto, se da la circunstancia de que la que estaba en el último puesto, Canarias, ha pasado a ser la número 13. País Vasco y Navarra siguen liderando las rentas y mejoran otras regiones del norte como Galicia o Aragón.

Cáritas constata que el riesgo de pobreza (medido por el umbral que se sitúa en el 60% de la renta mediana nacional) se ha incrementado a nivel estatal. Sin embargo, las mismas Comunidades siguen estando en los extremos de la clasificación de las tasas de pobreza, una situación que se repite desde hace décadas. Si se analiza la pobreza según el nivel de vida de cada región, el resultado varía en Comunidades como Aragón, La Rioja y Asturias, donde el aumento se dispara, y Navarra y País Vasco, que lo contendrían debido a sus mejores sistemas de protección social.

Además, el informe de Foessa pone la lupa en el indicador de privación material severa (cuando las familias tienen unas condiciones de vida muy restringidas por las escasez de recursos y no pueden permitirse consumos  básicos), sin el cual la mirada a la pobreza quedaría incompleta. El estudio no detecta cambios sustanciales en las posiciones del eje norte-sur, salvo Extremadura, que en este indicador ha demostrado "mayor fortaleza durante la recesión y se ha mantenido en niveles bajos". Las Comunidades que han contenido mejor el incremento de población con privación severa han sido Navarra y Castilla y León. Es notable, a su juicio, el descenso de Canarias.

Las diferencias han aumentado y las rentas medias se han reducido, lo que ha producido un hundimiento de las rentas más bajas. En la mayor parte de las Comunidades el 20% más rico de la población está soportando mejor la crisis. Andalucía, Asturias y Castilla-La Mancha son las Comunidades donde el 20% más pobre ha caído más. Las dos únicas regiones donde ha crecido la renta de los más ricos han sido Aragón y Galicia.

Las variaciones en la desigualdad en las Comunidades indican que existen diferentes razones que las originan y que ahondan en la heterogeneidad territorial de nuestro país. Por ejemplo, mientras Navarra apenas ha crecido en las rentas medias pero sí en los extremos, Aragón ha aumentado la desigualdad tanto en las rentas medias como entre los más ricos y los más pobres.

La conclusión principal de los efectos de la crisis, para Cáritas, es que "el eje norte sur no solo se mantiene, sino que tienend a incrementarse las diferencias. Especial empeoramiento han mostrado Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en el eje sur, y Asturias y Galicia, en el eje norte. Entre las Comunidades con más debilidades están Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Las mejor situadas en el conjunto de indicadores son Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón.

Durante el período 2009-2016, la evolución del paro de la persona referencia en el hogar muestra un empeoramiento en las Comunidades mejor posicionadas a comienzos de la crisis (como es el caso de Cantabria, Galicia o Navarra) y una cierta mejoría o estabilización en las que se encontraban peor (como Baleares o Murcia). Respecto a los hogares con todos sus miembros activos en paro, no ha habido ninguna Comunidad Autónoma que haya logrado reducir esta situación a niveles anteriores a 2009. En 14 Comunidades 4 de cada diez desempleados serían parados de muy larga duración.

En cuanto al número de hogares sin ingresos, los mayores incrementos se han producido en las Comunidades en que el número de hogares afectados era el menor en el 2009. Asturias, Navarra y especialmente Galicia destacan en su incremento. Al ritmo actual, alcanzar las cifras de hogares sin ingresos anteriores a la crisis, ya de por sí elevadas, puede suponer hasta siete años.

Cáritas han destacado que "una de las características seculares de la pobreza en España ha sido que el lugar de nacimiento iba a tener un efecto en el nivel de oportunidades". La organización ha conminado al nuevo Gobierno que salga de las elecciones a "acometer con premura las reformas necesarias, cuyo retraso no hace sino agravar las consecuencias de la crisis y los efectos sobre las personas en peor situación". Cáritas insta a las fuerzas políticas a destinar 10.000 millones de euros para establecer una renta garantizada con el objetivo de proteger a tres grupos sociales vulnerables: los hogares en pobreza severa, los trabajadores pobres y las familias con hijos a cargo.