Sólo trece senadores que han causado baja por el final de la legislatura ha renunciado a la llamada indemnización de transición que otorga la Cámara alta, establecida en 154,54 euros diarios desde la disolución de las Cortes hasta el día de las elecciones, en total 54 días.

Así consta en el documento que ha publicado el Senado en su Portal de la Transparencia que detalla los nombres de los 181 senadores que por el contrario sí han solicitado esa indemnización, por un monto total de 8.345,16 euros por senador.

No obstante, no todos los senadores tienen derecho a esta ayuda, ya que los 71 parlamentarios que permanecen en la Diputación Permanente no han causado baja y por tanto siguen cobrando sus emolumentos con normalidad.

Además, el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones a favor de los exparlamentarios establece que esta indemnización es incompatible con la percepción de cualquier otra retribución pública o privada.

En el Congreso, el sistema de indemnizaciones de transición es algo distinto al del Senado, ya que se trata de un único pago de dos mensualidades completas.

Esta indemnización tampoco afecta a los 60 miembros titulares y 60 suplentes de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos inhábiles, quienes no causan baja y, por tanto, también continúan percibiendo sus retribuciones sin cambios hasta la constitución de las nuevas Cámaras pasadas las elecciones.

La Mesa del Congreso acordó también que los diputados pudieran quedarse durante este periodo con los teléfonos y las tabletas nuevas que se les facilitaron al inicio de la XI legislatura, aunque con el compromiso de su devolución si no resultan elegidos en los comicios del 26 de junio.

No obstante, si algún diputado que no repita en la próxima legislatura desea quedarse con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá su venta "a precio de mercado" ya que se encuentran prácticamente nuevos.

Han pedido la indemnización todos los miembros del grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y los de Democracia y Libertad; también todos los socialistas salvo Rosa María López Alonso (electa por Salamanca), todos los de ERC salvo Josep Rufá (electo por Tarragona) y los del Grupo Mixto salvo Tomás Marcos, de Ciudadanos y parlamentario autonómico en la Comunidad de Madrid.

Los otros diez que han renunciado a esta ayuda son del PP. Entre ellos se encuentra la exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, cuyo nombre ha sido noticia esta semana porque la Guardia Civil la relaciona en un informe remitido a la Audiencia Nacional con el 'caso Púnica', al igual que al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez.

No han pedido la indemnización los secretarios de Estado de Igualdad, Susana Camarero, y de Educación, Marcial Marín, que no podían hacerlo porque cobran el sueldo de sus ministerios.

Tampoco la han solicitado el exalcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador, las exdiputadas Arenales Serrano (Valladolid) y Marta Torrado (Valencia), Esther Basilia del Brío (Salamanca), Salomé Pradas (concejal en el Ayuntamiento de Castellón), María Isabel Sánchez Torregrosa (teniente alcalde del Ayuntamiento almeriense de Huercal-Overa) y Eugenio Jesús Gonzálvez (presidente de una mancomunidad y de un consorcio de Almería).