En Marea -la confluencia gallega con la que Podemos, Esquerda Unida y Anova se presentaron a las elecciones generales de diciembre- ha registrado este miércoles en el Congreso una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente para debatir sobre la decisión del Consejo de Ministros de eximir a Reganosa de presentar declaración de impacto ambiental (DIA) para su planta de Mugardos en la ría Ferrol, decisión en la que ven un "caso de flagrante corrupción" y prevaricación.

La diputada Yolanda Díaz, de Esquerda Unida, ha recordado en declaraciones a los medios que existen tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) -las dos últimas de los pasados meses de marzo y abril- que "anulan" los proyectos de ejecución de la planta de gas en el interior de la ría de Ferrol.

También la Comisión de Peticiones de la UE ha emitido un informe "contundente" contra esta infraestructura, que a juicio de En Marea "contraviene toda la legislación vigente" y además supone un riesgo tanto para el medio ambiente como para las personas, al tener una potencia equivalente a "120 bombas atómicas".

"Se trata de un caso claro, no sólo de especulación, sino de burbuja energética, ya que es una planta deficitaria pero que está retribuida por su capacidad de producción, por lo que da igual si llega a disponer de gas o no; sólo por estar le vamos a retribuir como mínimo con 55 millones de euros al año", ha añadido la diputada gallega.

CASO "EXCEPCIONAL"

Con estos datos, a los que se suman la reciente imputación de varios altos cargos de la Xunta de Galicia por el dragado "a todas luces ilegal" realizado en la ría para "acomodar" esta infraestructura, Yolanda Díaz cree que se trata de un "caso excepcional" que justificaría la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el único órgano parlamentario que permanece tras la disolución de las Cortes.

De esa reunión, En Marea espera obtener "garantías constitucionales" para evitar una situación "grave de vulneración de la separación de poderes", ya que la decisión del Consejo de Ministros de "crear una normativa 'ad hoc' para eximir de manera singular a la planta de los trámites de evaluación ambiental que existe el TS" supone una "invasión clara" tanto del poder legislativo como del judicial.

"De manera flagrante entendemos que es un caso de auténtica corrupción, una cacicada del PP", ha continuado Díaz, que acusa al Ejecutivo en funciones de "defender, como siempre, los intereses de las grandes empresas" incluso a costa de "poner en riesgo la vida de los seres humanos" y de "prevaricar".

En la misma línea, su compañero de escaños Antón Gómez Reino, de Podemos Galicia, ha acusado al Gobierno popular de legislar "en contra" de los intereses de los vecinos de Ferrol como ya hizo hace unos meses respecto de la planta de ENCE en la ría de Pontevedra. "Nos preguntamos cuál es la puerta giratoria detrás de todo esto. En los próximos meses veremos quién era el interesado en acabar en el Consejo de Administración de Reganosa", ha zanjado.

DECISIÓN DEL GOBIERNO EN FUNCIONES

El Gobierno en funciones acordó el pasado viernes, "de manera excepcional", excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de autorización de la planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) de Reganosa en Mugardos (A Coruña), con el fin de evitar su "paralización".

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) anularon la autorización administrativa previa de 2002 para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004 -está en funcionamiento desde 2007- porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Todo ello, después de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la plataforma de vecinos O Cruceiro de Mehá y otras entidades.

Al respecto, el Consejo de Ministros señaló que la modificación puntual del plan general de Mugardos en el año 2012 subsanó estas circunstancias.

Dado que la planta de Reganosa tiene que pedir nuevas autorizaciones, tras las anulaciones dictadas por el Supremo, el Gobierno decide excluir a Reganosa de la necesidad del trámite de evaluación ambiental con el objetivo de "agilizar" el procedimiento para que pueda cumplir con las dos sentencias.