La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido este viernes su petición de 27 años de prisión para los presuntos etarras Mikel Orbegozo y Sara Majarenas, detenidos en Valencia en 2005 y que habían recabado información para atentar contra militares y guardias civiles y edificios públicos en Valencia, Murcia y Jaén.
Ambos acusados, que se autoproclamaron militantes de ETA y se negaron a responder a las preguntas de las partes, permanecieron durante toda la vista hablando cogidos de la mano, mientras saludaban a la treintena de familiares y amigos que acudieron a la sala para apoyarles.
En la prueba testifical comparecieron varios miembros de la Policía Nacional, quienes declararon haber sufrido lesiones como consecuencia de la resistencia ofrecida por los acusados en el momento de su detención en Valencia el 17 de febrero de 2005.
Además, aseguraron que Sara Majarenas se hizo pasar por miembro de la Guardia Civil, mostrando una placa falsa, cuando los agentes le pidieron que se identificase.El fiscal de la causa, Enrique Molina, imputó a los procesados los delitos de pertenencia a banda armada, tenencia de armas y explosivos, falsificación de documentos y atentado a agentes de la autoridad.
Por su parte, el letrado defensor de los etarras pidió la libre absolución para sus patrocinados, al considerar que "no existe prueba concluyente de los hechos que se les imputan". Según el letrado, los agentes no disponían de autorización judicial cuando realizaron el registro de la pensión valenciana "Tartesos" donde se alojaban los acusados y en el que encontraron dos pistolas, 25 cartuchos de dinamita, cuatro detonadores y diversa documentación falsa, además de 2.732 euros pertenecientes a la organización terrorista.
En cuanto a las lesiones de los policías, la defensa incidió en que la declaración de los agentes no podía prevalecer sobre la de los acusados -quienes aseguraron que no ofrecieron resistencia- puesto que eran personas implicadas en los hechos, con un interés directo en percibir una indemnización.
El abogado insistió en que no había quedado demostrada la existencia de un comando integrado por los acusados, ni su participación en atentados, pero reconoció que sus defendidos pertenecían a la banda terrorista ETA, aunque aseguró que la pena solicitada por la Fiscalía por este delito -10 años de prisión- es "desproporcionada en comparación con otros casos".
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