La Sala que ejecuta la sentencia del caso Malaya, contra la corrupción en Marbella (Málaga), ha acordado la acumulación de cinco condenas firmes que tiene ya el cerebro de la trama Juan Antonio Roca y refunde las penas impuestas, "fijando la pena máxima a cumplir" en 20 años de prisión, que es el máximo legal establecido. Esta refundición es un trámite "esencial" para poder acceder a beneficios penitenciarios.

Así consta en un auto de dicho Tribunal, con el que responde a la petición realizada por la defensa de Roca en dos ocasiones, a finales de 2015 y el pasado mes de abril de este año, para que se realizara la acumulación y que se fijara el límite máximo de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta que ya superaba ese máximo legal establecido en 20 años.

Roca, que lleva en la cárcel más de diez años, ha sido condenado en sentencia firme en el caso Malaya, donde se le impuso 17 años de prisión; en el Minutas, en el que se le condenó a tres años; en Saqueo I, en el que se le impusieron seis años y diez meses; en Belmonsa, que fueron nueve meses, y en otro caso en el que se le impusieron 15 días de cárcel. Sobre estas causas se realiza la acumulación.

Estas condenas sumarían 27 años y siete meses de prisión, pero, además, según señala la Sala, al ser la pena más alta hasta ahora impuesta de siete años por el delito de blanqueo de capitales en el caso Malaya, "el triple de la máxima serían 21 años de límite específico", lo que es "superior al genérico previsto en nuestra legislación", que es de 20 años.

Esto requiere de una conexidad temporal, sobre lo que la Sala recuerda que todas estas condenas se refieren a hechos realizados por Roca cuando desempeñaba las funciones de responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento en el periodo comprendido entre 1991 y 2006 "habiendo podido ser enjuiciado todos ellos en un mismo proceso si los medios de la Administración de Justicia lo hubiera permitido".

Por todo esto, señala el Tribunal en su resolución, esos 20 años "sería el límite máximo a aplicar, no solo por las sentencias ahora refundidas sino incluso las que se puedan dictar en un futuro dada la naturaleza de los delitos imputados al señor Roca y las penas previstas para los mismos".

Roca está siendo juzgado ahora en dos causas, Goldfinger y Pinillo, y espera la sentencia del caso de la desaladora y que sea firme la de Saqueo II. Pero, además, tiene pendiente otros 110 procedimientos más que habrán de ser sentenciados por la Audiencia malagueña.

Esta situación "hace difícil la operación de refundición de penas", dice la Sala, pues mientras que se celebran los juicios, recae sentencia y se resuelven los recursos "resulta realmente incierta la fecha y el órgano que pueda llegar a realizar la refundición", una problemática que "no es baladí".

Al respecto, se indica que se han aportado resoluciones del juzgado de Vigilancia Penitenciaria en las que se manifiesta que los permisos de Roca dependerán del pago de responsabilidades civiles -de la que ya ha satisfecho más de nueve millones de euros-, pero también se alude a la refundición o acumulación jurídica necesaria para determinar el programa tratamental a seguir.

Por tanto, el Tribunal conviene que "la acumulación de condenas es esencial para el tratamiento penitenciario del interno", que lleva en prisión de forma casi ininterrumpida desde marzo de 2006, cuando fue detenido por Malaya, "sin haber obtenido ni un sólo permiso penitenciario" durante estos diez años.

En la resolución se precisa que Malaya es la causa en la que se han visto los principales y más castigados delitos por los que se ha juzgado a Roca, que la Administración judicial de los bienes de éste se sigue manteniendo, "con lo que se viene satisfaciendo las responsabilidades contraídas"; además de que la complejidad de la causa permite "la interpretación flexible" de la misma "a fin de no perjudicar indefinidamente la situación penitenciaria" de éste.

El Tribunal recuerda que es posible hacer grupos de sentencia para acumular y apunta que en estos casos "no cabe hablar de eficacia de cosa juzgada que pudiera impedir una reconsideración del caso en beneficio del reo", apuntando que los autos de acumulaciones "están siempre abiertos a posibles variaciones determinadas por la aparición de una nueva condena referida a hechos que por su cronología sean acumulables".

Asimismo, por parte de la defensa también se solicitó realizar una liquidación de condena, que ahora ha sido aprobada por la Sala, computando 1.431 días que estuvo en prisión preventiva, pero no las asistencias a juicio, algo de "obligado cumplimiento por imperativo legal", ni tampoco la privación del pasaporte.