Los datos del sindicato UGT indican que en las tres provincias sólo hay 180 plazas públicas, y casi 900 personas están en lista de espera.
La Generalitat concede ayudas a unas 500 familias para que puedan ir a los centros privados. Desde UGT estiman que más de 200 enfermos mentales «no pueden acceder a ningún tipo de residencia, y quedan desatendidos».
Los que reciben subvención acaban pagando unos 300 euros al mes, ya que la ayuda autonómica (de 1.100 a 1.400) y la pensión no alcanzan para una residencia privada (2.000 euros al mes). El resultado: desatención, acumulación de personas dependientes en una misma familia e, incluso, indigencia.
El presidente de la asociación de familiares Asiem, Alberto Roy, asegura que muchos enfermos «están en su casa mal atendidos por el estigma social, y llegan desesperados y sin saber qué hacer». Además, critica que en la Comunitat «hay plazas en residencias de ancianos que no son específicas y tendrán que eliminarse».
La Conselleria de Bienestar Social ha declinado dar detalles sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia. Se ha limitado a decir que ya ha baremado el grado de discapacidad de 12.000 valencianos.
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