Al respecto, Patricia Hernández destacó que se va a fijar el principio de equidad en la participación económica de los usuarios "porque es de justicia, ya que el precio de la plaza-día fijado en los convenios con los cabildos insulares no se adecua al precio real del servicio, por lo que los usuarios pagaban la diferencia".

La Consejería de Políticas Sociales está elaborando un estudio sobre los costes reales de los servicios públicos para personas dependientes o con discapacidad, que está planificado en tres fases.

El objetivo de esta medida es el de cumplir con el decreto que establece, entre otras cuestiones, los criterios sobre las condiciones económicas que han de cumplir los usuarios, poder presupuestar adecuadamente los recursos necesarios para la atención a la dependencia, y finalmente para poder fijar los criterios de equidad en la participación

económica de los usuarios.

Paralelamente, también se está trabajando en una herramienta informática que permita hacer un cálculo ágil de la capacidad económica de los usuarios del sistema, y de forma complementaria, se trabaja con la dirección general de Telecomunicaciones para que la Consejería tenga acceso a las bases de datos de otras administraciones y que son necesarios para calcular la mencionada capacidad económica como datos del Catastro, Registro Civil o Hacienda.