La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el día 18 de septiembre de 2017 el juicio contra tres directivos de la compañía 'Cobre las Cruces', que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, para los cuales la Fiscalía solicita cinco años y medio de cárcel por posibles delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público.

En declaraciones a los periodistas, el responsable andaluz de la sección de Minas de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, ha informado de que el juicio se celebrará nueve años después de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico elevara al Juzgado de Instrucción número 19 la querella ecologista contra el exconsejero delegado de la compañía Françoise Fleury; el exdirector de Minas, William Thomas Willliams, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen.

El procedimiento judicial se remonta a 2008 y deriva de las presuntas anomalías e irregularidades detectadas principalmente en el aprovechamiento del acuífero Niebla-Posadas, hechos por los que el Ministerio Público pide para cada acusado cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación y 9.000 euros de multa por un delito contra el medio ambiente y un año y medio de cárcel y 2.700 euros de multa por un delito de daños al dominio público, así como el pago de 607.430 euros en concepto de responsabilidad civil.

Antonio Ramos ha calificado de "triste" que los acusados vayan a ser juzgados nueve años después de que se presentara la denuncia contra ello. "Es muy triste pensar que esta dilación en el tiempo está motivada por la falta de medios que tiene el TSJA, y ello es responsabilidad de la Junta, es una pescadilla que se muerde la cola, pues no se producen sentencias de temas medioambientales porque no hay medios suficientes", ha lamentado.

"En este lapso de tiempo se puede dar la paradoja de que la mina se cierre", ha aseverado el responsable ecologista, que ha criticado que los imputados "se han saltado a la torera el condicionado que les dio" la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la puesta en marcha del llamado Sistema de Drenaje de Reinyección (SDR), el cual, "en teoría, debía servir para proteger el acuífero que atraviesa la mina".

Tras subrayar que los acusados "han actuado con una prepotencia que da lugar a que se haya abierto ya el juicio oral", Ecologistas ha indicado que, "en vez de protegerlo", Cobre Las Cruces "estaba maltratando el acuífero, provocando detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado", a lo que se suma que "había instalado más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico al acuífero".

Cabe recordar que la querella de la Fiscalía, a su vez, partía de los expedientes sancionadores previamente incoados por la CHG contra 'Cobre las Cruces' por la supuesta detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la presunta práctica de 20 sondeos no autorizados y el supuesto vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía asevera que "la dinámica de la empresa" fue el "incumplimiento" de la autorización concedida para el aprovechamiento del acuífero, mencionando entre otras cosas aspectos como "sondeos sin preceptiva autorización", extracciones de agua cuya acta de reconocimiento carecía de aprobación, una "detracción ilegal" de aguas y "concentraciones de arsénico" en el caudal del acuífero.

MULTA DE 190.000 EUROS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS

De otro lado, Antonio Ramos ha informado de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla ha multado con 194.996,97 euros a Cobre Las Cruces por hasta 19 infracciones urbanísticas en relación a la construcción sin licencia de distintas naves, según una sentencia dictada el pasado día 20 de abril.

Así, el Juzgado ha confirmado "casi en su totalidad" el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Gerena de fecha 17 de mayo de 2013 por el que se impuso a Cobre Las Cruces una multa de 206.996,97 euros por 23 infracciones urbanísticas en las instalaciones del complejo minero hidrometalúrgico.

El juez, de este modo, ha anulado la sanción respecto a cuatro de estas infracciones por prescripción. A juicio del responsable ecologista, esta sanción "demuestra el quehacer de esta empresa, que constantemente se salta la legalidad en función de que le venga en gana y vaya en pro de sus intereses".

"Le es más barato pagar las multas que cumplir con la legislación vigente", ha concluido.