Durante la vista oral, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva y con jurado popular, ha reconocido que, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, "consensuó" con el propietario del taller "un aumento de las horas de mano de obra mínimo" por factura, obteniendo una cantidad que destinó para material necesario para la unidad, como tóner para impresora, reparación de sistemas luminosos o de aparatos informáticos, de lo que constan facturas.

"Se pagaban las facturas conforme a lo acordado y después la demasía respecto a las horas reales me las devolvía", ha remarcado, dejando claro que ese dinero lo utilizó "siempre" para la compra de material para la unidad, "que no podía facturar porque no eran adscrito a ninguna matrícula de vehículos". Del mismo modo, ha insistido en que "nunca" se quedó con ninguna cantidad para uso personal.

Por su parte, también ha declarado el responsable del taller, que ha acudido tras un requerimiento policial esta misma mañana porque no le constaba ninguna citación judicial, y ha señalado que "la totalidad de las facturas alcanzaba entre los 200 y 300 euros", comunicándole el acusado que lo sobrante lo invertía en material de oficina del servicio de automoción. Por su parte, el que fue comisario en Huelva en aquellas fechas, ha remarcado que "en ningún momento se le ha causado ningún perjuicio al cuerpo".

Otro de los testigos que ha comparecido este martes ha sido el agente de Policía Nacional que puso en contacto al acusado con el citado taller y el que puso en conocimiento de los superiores los hechos cuando el responsable del taller le comunicó que el subinspector "le había pedido que realizara el incremento de horas de reparación" en las facturas, así como que el dinero presupuestado de más "se lo daba en metálico a final de mes".

Este agente ha recordado que "le sorprendió" esta situación y decidió ponerlo en conocimiento de sus superiores. En este punto, ha añadido que el ordenador y la impresora del despacho del acusado ya estaban allí cuando él se incorporó al cuerpo y que después se enteró de que "eran de su propiedad".

El acusado se enfrenta a una petición de condena de tres años de prisión y la inhabilitación durante cuatro años y medio y, como responsabilidad civil, al pago de una indemnización a la Dirección General de la Policía con la cantidad supuestamente estafada de 476 euros. Este miércoles proseguirá el juicio con la declaración de cuatro testigos más y las partes elevarán sus conclusiones.