El Ministerio Público solicita una pena de cuatro meses de cárcel para los padres de una menor que faltaba injustificadamente a clase e incluso no fue inscrita en ningún centro pese a no superar la edad estipulada de escolarización obligatoria. El escrito de conclusiones provisionales del fiscal recoge que la hija de los acusados, estuvo matriculada en un centro educativo en el curso escolar 2003/2004, cuando contaba con 13 años, un año académico en el que faltó 113 días lectivos a clase sin justificación.

En el siguiente curso escolar, la menor no acudió a clase 164 días y, en 2005/2006, pese a que no alcanzaba hasta el mes de mayo los 16 años y "los padres eran sabedores que debía estar escolarizada y asistir a clase", no procedieron a matricularla en ningún centro educativo. El fiscal indica que los acusados adoptaron "una actitud de total pasividad y despreocupación" y recalca que todas las gestiones que se realizaron desde diferentes instancias como la dirección del instituto, el equipo de orientación, los servicios sociales municipales y la unidad de menores de la Policía Autonómica, "resultaron infructuosas".

Por ello, para el Ministerio Público los hechos constituyen un delito de abandono de menores, en relación con el deber de educar y proporcionar una formación integral, por lo que pide para uno de los acusados cuatro meses de cárcel. La Fiscalía de Córdoba solicitó, por primera vez, hace unos meses la pena de cárcel para una pareja del municipio de Bujalance a quien acusaba de no llevar a sus cuatro hijos al colegio, un hecho por el que el Ministerio Público pidió seis meses de prisión para cada progenitor por un presunto delito de abandono de menores.

En esa ocasión, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro recalcó que el objetivo del Ministerio Público "es perseguir a los padres que no cumplen sus funciones, que legalmente, son más que proporcionarles una alimentación" a los menores. Además, explicó que hasta llegar a la imputación penal de los padres, se pasa por tres niveles de actuación. En primer lugar, actúan los centros escolares que tratan de intervenir para que los niños vuelvan al colegio y, posteriormente, si la situación no se solventa, el caso se pone en conocimiento de los equipos de orientación educativa y los equipos técnicos de absentismo, ambos organismos pertenecientes a la Delegación de Educación. Paralelamente, actúan los organismos sociales y, si los menores no dejan de faltar a clase, se llega a un tercer nivel en el que interviene la comisión provincial de absentismo y la Fiscalía de Menores comienza a investigar el asunto. Durante 2006, diez casos de este tipo pasaron a los juzgados de Córdoba y otros dos fueron archivados